Izquierda Unida Aragón muestra su preocupación por la situación que continúan atravesando las personas afectadas por la estafa de la clínica odontológica Idental. Su coordinador general y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, ha registrado una pregunta dirigida a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, porque no hay constancia de que el Gobierno de Aragón haya ejecutado varias partidas presupuestarias destinadas a ayudas para estas personas.
En concreto, en el presupuesto de 2020 aparecía una partida destinada a ayudas a afectados por Idental de 20.000 euros dentro del presupuesto de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, en el programa 443.1 Control del consumo.
Asimismo, tanto en el borrador de presupuesto de 2021 y 2022 esta partida desapareció pero se aceptó una enmienda de Izquierda Unida al presupuesto por la misma cantidad de 20.000 euros y destinada al mismo fin en cada uno de los presupuestos citados.
Así, desde 2020 se han presupuestado 60.000 euros destinados a ayudas a personas afectadas por Idental, sin embargo, explica Sanz, “no tenemos constancia de que esta partida se haya ejecutado ninguno de los años, ni que haya llegado a las personas que lo necesitan mejorando su situación”.
Sanz ha pedido a Broto que informe a su grupo parlamentario de esa ejecución y le ha pedido que explique cómo se han gestionado las ayudas a las personas afectadas por Idental y cuántas ayudas se han concedido en 2020 y en 2021 y cómo se gestionarán las del actual presupuesto.
Asimismo, el diputado de IU Aragón ha preguntado a la consejera si su Gobierno ha contado con la participación de las personas afectadas para definir y concretar la mejor vía para canalizar las ayudas y respondera sus necesidades.
Desde que se destapó esta estafa, IU ha advertido del desamparo que sufren estas personas que fueron víctimas de una estafa piramidal organizada que realizaba contratos a más pacientes de la capacidad para atenderlos. Esto les ha supuesto una pérdida de ahorros y tratamientos y, además y quizá lo más importante, los problemas de salud que la suspensión de los mismos les ha podido producir a estas personas. "Es momento de que el Gobierno de Aragón actué si estas partidas no se han ejecutado”, concluye Sanz.
