Izquierda Unida denuncia la “improvisación y chapucería” que supone "concretar aspectos fundamentales de la reforma local 'de tapadillo' en un Real Decreto sobre las compensaciones por los daños causados por las tormentas en la costa cantábrica".
El responsable federal de IU de grandes ciudades, José Manuel Alonso, señala que el pasado viernes el Gobierno central definió el concepto de “inversión económicamente sostenible en el ámbito local” en el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica.
“No puede ser que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas especifique en qué puede o no invertir una entidad local al albur de unas ayudas de compensación por una catástrofe natural”, lamenta Alonso. “Montoro no es el Príncipe de las Mareas y no puede concretar sus políticas según le viene”, añade.
Por otra parte, José Manuel Alonso ha criticado la actitud de Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, en declaraciones a medios de comunicación, por negar "aspectos evidentes" de la nueva ley. “Beteta, erigido en Doctor No, niega lo evidente, como que la reforma local no es un ataque a la autonomía local”, apunta Alonso. Izquierda Unida considera que la reforma local del PP es inconstitucional y, por ello, está desarrollando una campaña para lograr su derogación.
Exclusión de cualquier inversión social, cultural o educativa
El Real Decreto establece los ámbitos considerados como “inversión económicamente sostenible”, quedando fuera de dicha definición todas aquellas relacionadas con juventud, mayores, cooperación, acción social, educación, mujer, inmigración, etc.
“Parece que el Gobierno del PP relega a los ayuntamientos a invertir únicamente en infraestructuras, pero en ocasiones ni siquiera se podrá, puesto que están limitadas por otras decisiones estatales previas”, destaca Alonso. Por ejemplo, la supresión de las ayudas a las energías renovables o de las ayudas al transporte público hacen prácticamente imposible que un ayuntamiento pueda realizar este tipo de inversiones en solitario.
