Interior inicia el proceso para revisar y retirar las condecoraciones y recompensas policiales franquistas y antidemocráticas

Esta decisión es consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Unos días antes un grupo de 13 víctimas del torturador González Pacheco, alias Billy el Niño, presentaban por Registro oficial una solicitud de retirada de las distinciones

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Carga policial en el paseo de San Joan de Barcelona en 1976 | Foto: Manel Armengol.

Las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil inician los procedimientos de oficio para revisar y retirar las condecoraciones y recompensas policiales que hubieran podido recibir en el pasado agentes de ambos cuerpos que hubieran formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista o realizado actos incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos que fija la Constitución Española.

Esta decisión que llega desde el Gobierno español es consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que en su artículo 42 ordena la revisión y revocación de cualquier condecoración y recompensa concedida a quienes incurran en situaciones de este tipo.

Además, la Disposición Adicional Tercera de la mencionada ley prevé de manera específica la anulación de las condecoraciones policiales cuando quede acreditada la realización por el beneficiario, antes o después de la concesión, de actos manifiestamente incompatibles con la pertenencia a las órdenes del mérito tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil.

La orden dada por el Ministerio del Interior no afecta solo a Policía Nacional y Guardia Civil, sino que se extiende también a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al resto de las direcciones generales del ministerio.

Esos expedientes de revisión serán tramitados según lo dispuesto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que obliga a notificar el inicio del expediente a las personas afectadas y a recabar sus alegaciones de defensa antes de dictar la resolución que proceda.

Comisión de estudio

Además de la revisión de las condecoraciones policiales, se va a crear una Comisión de Estudio y Análisis sobre la aplicación y los efectos de la promulgación de la Ley de Memoria Democrática en todos los ámbitos competenciales del Ministerio del Interior.

Entre otros aspectos, esta comisión preparará una reforma de la Ley Orgánica de Asociaciones, para incluir como causa de disolución o de revocación de su declaración de utilidad pública la realización pública de apología del franquismo con menosprecio y humillación de la dignidad de sus víctimas o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas.

La comisión también revisará el proceso de retirada y eliminación de símbolos y elementos contrarios la memoria democrática que aparezcan ubicados o colocados en edificios ocupados por centros y unidades dependientes de este ministerio.

Asimismo, establecerá las condiciones que permitan garantizar y facilitar el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos, así como a la consulta de documentos sobre el golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista que pudieran estar bajo custodia o conservación del Ministerio del Interior.

Esta Comisión de Estudio y Análisis está dirigida por la directora del Gabinete del ministro, y en ella se han integrado miembros de dicho equipo, del Gabinete del secretario de Estado de Seguridad y de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.

Billy el Niño

Unos días antes, el 27 de diciembre, un grupo de 13 víctimas del torturador González Pacheco presentaban por Registro oficial una solicitud de retirada de las distinciones que le fueron otorgadas en su día a dicho policía, en aplicación de lo previsto en la Sección 2ª sobre ‘Distinciones, condecoraciones y títulos’, del Capítulo IV ‘Del deber de memoria democrática’, de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. En su escrito, las víctimas señalan: “El expolicía Antonio González Pacheco, miembro de la Brigada Político Social durante los últimos años de la Dictadura, fue durante ese tiempo un connotado torturador de las personas detenidas por defender las libertades y por alzarse contra el totalitarismo franquista”.

Además, recuerdan que así lo confirman innumerables testimonios de sus víctimas -entre otras las firmantes, cuyos testimonios han sido aportados a las correspondientes querellas judiciales por torturas-, así como otros documentos y publicaciones sobre la represión franquista.

Asimismo, consideran que “dichos actos son manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos y fueron cometidos con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura, supuestos a los que se refiere el artículo 42, ‘Revisión y revocación de condecoraciones y recompensas”, de la ley.

Las personas firmantes aclaran que “si bien las víctimas de crímenes de lesa humanidad como los cometidos por el expolicía González Pacheco seguimos, de momento infructuosamente, reclamando nuestro derecho a la tutela judicial, y no renunciamos a que se juzguen dichos delitos, la retirada de distinciones a los presuntos criminales constituye un acto simbólico mínimo de reparación”.

Por ello solicitan que, tal como establece la ley 2/2022, el departamento competente inicie de oficio el procedimiento para la retirada de todas las distinciones, reconocimientos y medallas al conocido torturador de la Brigada Político Social, Antonio González Pacheco. Entre los firmantes figuran el exeurodiputado Willy Meyer y el periodista Paco Lobatón.

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