El Ayuntamiento de Zaragoza como el de otros consistorios, en base a diversas sentencias, asume competencias que deberían ser de carácter territorial, en favor de las personas consumidoras de la ciudad. Lo hace en torno a dos ejes fundamentales, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), gestionada por funcionarios y de carácter prácticamente municipal, y los Puntos de Información al Consumidor, como una forma de a cercar la protección al consumidor a diferentes distritos y barrios rurales.
La OMIC Zaragoza como oficina central, de carácter trasversal, ofrece un servicio público especializado, básico y obligatorio según la legislación aragonesa, ofrece servicio a las y los ciudadanos de todo el término municipal zaragozano, contando con el apoyo de los Puntos Información al Consumidor (PIC) tanto especializados como desconcentrados territorialmente.
Para ello cuenta con el apoyo de los Puntos Información al Consumidor (PIC), tanto especializados como para los barrios, sirviendo como desconcentración de los servicios públicos de protección al consumidor, desde septiembre del año 2008, en cuatro Distritos y diez Barrios Rurales, a través de Convenios de Colaboración con Asociaciones de Consumidores de Zaragoza.
Estos PIC son gestionados por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, y fue prorrogada su contratación para 2016, a la espera de la licitación de un nuevo contrato de gestión del servicio en 2017 que supuestamente ampliaría los PIC a otros Barrios de la Ciudad como L’Almozara, Las Fuentes y Casablanca y Barrios del futuro Distrito Sur.
El presupuesto planteado para el funcionamiento de los PIC reconocía un aumento de 21.000€ para el próximo curso, pasando de los 69.000€ para 2016, a los 90.000€ propuestos para 2017, que finalmente, tras la aceptación de una enmienda presentada en Pleno por el grupo municipal de Ciudadanos, y apoyada por PSOE y PP, se quedarán en 60.000€.
El propio consejero de Servicios Públicos Alberto Cubero, advertía hace unos días que con la reducción del presupuesto no solo no se abrirían los nuevos PIC previstos sino que probablemente habría que “cerrar un punto de información o reducir las horas de atención al resto”.
Lo preocupante es que esta reducción del presupuesto coincide en el tiempo con un aumento de las demandas de las personas consumidoras por abusos en sectores como el financiero, particularmente aumentadas con las denominadas cláusulas suelo.
Lucía Germani, presidenta de la Asociación de Consumidores Torre Ramona, asegura que han atendido “en dos meses todas la reclamaciones bancarias que atendemos normalmente en un año”, y muestra su preocupación para la subsistencia, no solo de los puntos de información que estas asociaciones gestionan, sino de las propias asociaciones, que recuerda que son “entidades sin ánimo de lucro con muchísimas dificultades para financiarnos”. Desde Torre Ramona se gestionan los PIC de los distritos del Rabal, Universidad, Torrero y San José, así como el punto de información específico en telecomunicaciones.
Otro de los puntos de información específicos, en este caso en el sector de la vivienda, es gestionado por la Unión de Consumidores de Aragón, y manifiestan estar completamente desbordados. “Siempre trabajamos con cita previa y tenemos en la actualidad dos semanas de lista de espera. Digamos que el trabajo puede haberse duplicado”, advierte Alicia Arbe, como gestora del PIC de Vivienda. En cuanto a la reducción del presupuesto para los puntos de información asegura que “con el actual presupuesto no se llega a cubrir gastos” y confía en que “se rectifique por parte del ayuntamiento”.
Un punto de información más es el que se ocupa de los servicios financieros, gestionado por AICAR-ADICAE, y que en 2016 realizó 17.758 atenciones.
Desde la Dirección de la OMIC aseguran que todos los PIC se encuentran saturados y no sólo eso sino que se trata de un proceso que va a más. “Estamos batiendo records” advierte el director de la oficina, incidiendo en que con un presupuesto de 60.000€ “ni si quiera se pueden pagar las facturas”. Asegura que será imposible abrir los nuevos PIC previstos y recuerda el “grave perjuicio para la ciudadanía” que supone este recorte.
