La falta de negociación, “la indiferencia empresarial y la pasividad de la administración aragonesa, ponen en riesgo tanto los derechos laborales como la atención a los menores. No pedimos privilegios, pedimos condiciones dignas para cuidar y proteger en condiciones dignas”, destacaban las representantes de la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores en la rueda de prensa celebrada el pasado martes 14 de octubre, día previo a la jornada de huelga del 15 en todo Aragón para denunciar el genocidio sionista, exigir el fin de la ocupación que sufre el pueblo palestino y la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel.
En la rueda de prensa celebrada en la sede de UGT Aragón, Angélica Mazo, vicesecretaria general y responsable del sector de servicios sociales de UGT, aseguraba que “las empresas han ido agotando los plazos del calendario y no sabemos con qué finalidad o si es para que el Gobierno de Aragón de un paso al frente” en referencia al acuerdo alcanzado en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) el pasado mes de junio. Éste incluía un calendario de negociación, con el compromiso de establecer las tablas salariales y la jornada laboral antes del 20 de octubre.
Mazo también criticaba “la falta de implicación en el proceso” de la DGA, que a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) “es responsable de los contratos y conciertos con empresas, así como de la tutela de niños, niñas y adolescentes que terminan en estos centros y que hasta ahora no han mantenido ninguna reunión conjunta con empresas y sindicatos. Al final la situación la pagan las menores, la sociedad lo percibe como un conflicto y los profesionales con peores condiciones laborales” lamentaba.
UGT, CGT y CCOO denuncian que los salarios de las plantillas profesionales “están próximos al salario mínimo interprofesional, por lo que muchos se marchan a otros territorios con mejores condiciones laborales, lo que provoca una alta rotación del personal educativo, que repercute en estos jóvenes, dificultando la creación de vínculos estables, incluso desorientación emocional y conductual. Hay centros con un educador por cada once menores”, una ratio que consideran “insuficiente”.
Las organizaciones sindicales, que han elaborado un detallado informe de situación, reclaman “subidas salariales diferenciadas según grupo profesional entre un 15 y 23% (pues sólo se actualizan cuando se renueva el concierto con las empresas), la reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar las 1.476 horas anuales” y mejoras en materia de seguridad laboral, también en riesgos psicosociales, ante el número de bajas laborales en diversos centros.
En el sector trabajan en nuestro país más de 600 personas distribuidas entre centros de protección, reforma y pisos tutelados por todo el territorio aragonés. La mayoría de estos servicios son gestionados por empresas concertadas o subvencionadas (Rey Ardid, Aldeas Infantiles, YMCA, ACCEM, Apip-Acam, Ozanam, o Kairos, son las principales adjudicatarias de la privatización de estas obligaciones gubernamentales).
Por qué el término ‘mena’ es dañino para menores en protección y reforma
Las profesionales aragonesas del sector explican que “el uso del término ‘mena’ (acrónimo de menor extranjero no acompañado) puede parecer técnico o neutro, pero en realidad tiene un efecto profundamente negativo y deshumanizador sobre los niños y adolescentes a los que se refiere. Detrás de cada niño, niña y adolescente con el que trabajamos, hay una trayectoria marcada por la pérdida, el desarraigo y el deseo de construir un futuro mejor ya sean de nacionalidad”, aragonesa, española u otras.
“Cuando la sociedad los nombra como ‘menas’, deja de verlos como niños, niñas y adolescentes, y los percibe como un problema o una amenaza. Además, el término ha sido utilizado de forma política y mediática para alimentar el miedo, el racismo y la criminalización de la infancia migrante”, enfatizan desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores.
En los servicios de protección y reforma de nuestro país “pueden terminar cualquier niño, niña o adolescente por infinidad de motivos, que serán cuidados y atendidos con la misma dedicación y profesionalidad por los trabajadores de estos centros”, en Aragón.
“Cuando un chico o chica es tratado como ‘mena’ y no como niños, niñas o adolescentes con derechos, se rompe el principio de igualdad y protección que debería guiar todo el sistema. Por eso es fundamental desterrar el uso del término ‘mena’ en el lenguaje cotidiano, institucional y mediático. No hablamos de ‘menas’: hablamos de niños, niñas y adolescentes, con nombre, historia y derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Nombrarlos correctamente es el primer paso para reconocer su humanidad y proteger su dignidad”, subrayan las profesionales del sector.
