Incendios, cambios climáticos y territorios (III)

El primer mandamiento para un representante político, sea el color que sea, debía de ser la gestión. Siempre en función de la mayoría y de la justicia social. Por encima de avioncitos de combate o submarinos que no flotan,  deberían estar cuestiones fundamentales como  la igualdad, el bienestar social, la protección de la naturaleza. Y, si no fuera así, los representados deberían dar, fuerte y certera, la patada en las nalgas. Sean de quienes sean.

5. ¡Gloria!

Este capítulo lo dedicaremos a averiguar, con los parcos medios que un ciudadano o ciudadana de a pie tiene a su disposición (los grandes departamentos repletos de sesudo personal de consejerías y ministerios lo pueden hacer mil veces mejor. Otra cosa es que las órdenes del jefe no vayan por ahí), qué medios, tanto en personal como en medios técnicos básicos, se deberían presupuestar para la prevención, sobre todo, y para la extinción en última instancia.

Para la prevención, los medios son humanos fundamentalmente. En los entre 21 y 22 millones de hectáreas de montes y bosques se debería hacer una labor continua y metódica de limpieza y de reforestación a la vez. Un buen objetivo, para árboles plantados a lo largo de un ciclo de 30 o 40 años, sería el de añadir 4.000 millones de ejemplares a los entre 6.000 o 7.000 millones actuales. Con el pensamiento puesto en su autoctonía, en su capacidad de absorción de CO2, en la regeneración del suelo y en la modificación climática. Y, por supuesto, siempre a las órdenes de técnicos ambientalistas y climáticos tanto en tipos como en número de ejemplares por hectárea. Con esta reforestación planificada los y las ciudadanas de las generaciones futuras estarían recompensados por las actuales con la creación de otras cuatros o cinco millones de hectáreas de bosques y montes. Además de todos los beneficios añadidos en cuanto a regeneración paisajística, modificación climática (menores incrementos de temperatura y mayor pluviometría) y regeneración del suelo, de flora y fauna.

El montante de esta planificación necesaria y medioambiental, sumados los conceptos de reforestación y de limpieza, estaría en una horquilla de entre 30.000 y 35.000 millones de euros a lo largo de ese ciclo de 30 o40 años. Poco más de mil millones de euros al año; una bagatela si se compara con el costo de tantos miles de hectáreas quemadas. Sin contar con que una buena cantidad de trabajo fijo a lo largo de ese ciclo estaría asegurada.

Pasemos a la extinción. Pero a una extinción, en la medida de lo posible, eficaz, rápida. Más que rápida, inmediata en la mayoría de las veces. Los técnicos, mucho más en los incendios de nueva generación actuales, hablan de la necesaria rapidez de intervención en las primeras horas.

No es una entelequia pensar que los50 millones de hectáreas de territorio del Estado español deberían ser mantenidos por una flota operativa de 50 aviones anfibios de nueva generación. Del mismo corte que los contratados por el gobierno para un período de ocho años. Un avión operativo por millón de hectáreas territoriales. O, lo que es lo mismo, por cada 10.000 kilómetros cuadrados.

Helicópteros tipo Bell, en la misma línea, deberían existir en la proporción de cinco a uno respecto a aviones anfibios. Es decir, deberíamos estar protegidos por una flota de 300 helicópteros operativos. Siempre, teniendo en cuenta que, tanto en los aviones como en los helicópteros, hay un porcentaje de estos, no operativos, que se puede evaluar en un 20%.

Así pues, la flota de Canadian sería de 60 aviones y la de helicópteros Bell de 350 unidades.

Como disponemos de 25 Canadian (18 disponibles más los siete encargados) y 60 unidades de helicópteros, el aprovisionamiento sería de otros 35 aviones y de 290 helicópteros. El costo de un Canadian de nueva generación es de 54 millones y cuatro el de un Bell. Luego, el montante en este tipo de medios adicionales sería de 1.890 millones para aviones y de 1.160 millones para los Bell. Tres mil millones en total para repartir en un ciclo de cinco/seis años. No es mucho, se puede absorber, luego diremos de dónde, y el beneficio se multiplica por cien.

En cuanto a medios humanos, la historia es parecida. Como poco, las plantillas de extinción deberían doblarse; mejorar, sustancialmente, salarios (doblarlos) y pasar a fijo todos sus contratos. El mismo personal, en invierno, parte de la primavera y otoño, podría estar en labores de clareo, de limpieza, de forestación, de preparación de lo quemado.

Por supuesto, son las consejerías y el ministerio quienes están mejor preparados para evaluar el costo de este nuevo y mejor replanteamiento de la organización de los bomberos y las bomberas forestales que luchan contra los incendios. Pero, a tenor de lo sabido en cuanto al costo de las denominadas "cuadrillas" en Aragón y en Castilla-León, e imaginado algo parecido en las quince autonomías restantes, no es muy arriesgado aventurar −a despecho de que algún ejecutivo o consejero resabiado modifique la esencia del trabajo por un millón más o menos en la historia de unos presupuestos−, que este montante puede rondar mil millones de euros al año entre las diecisiete territorios y nacionalidades del Estado español. Doblar estos presupuestos, incluso triplicarlos, no es descabellado, todo lo contrario, máxime, pensando en lo imprescindible que es el territorio.

No cabe duda de que cualquiera puede decir, ahora, ¿Y todo ese dinero, de dónde vendrá? Pasemos al meollo.

El presupuesto de Defensa en el Estado español, con el 1,5% sobre el PIB, cifra que no responde a la realidad puesto que muchas partidas para Defensa se oscurecen en otros ministerios, es de 24.000 millones de euros. La cifra real que se gasta, un año con otro, parece ser de 30.000 millones de euros si se contabilizan todas las partidas que se reparten entre Defensa y otros ministerios.

Al parecer, el gobierno, sin encomendarse a los santos, pero, tampoco, a la ciudadanía, se comprometió a gastar en Defensa, como poco el 2% sobre el PIB que será, hablando en castellano, un compromiso del 3%. Eso es mucho dinero, en concreto, 48.000 millones de euros al año.

Por no hablar de un pliego firmado con una OTAN de la que, si pensamos en lo mejor para el Estado español, hoy, se debería salir. En él dice, de una manera u otra, gastar un 5% sobre el PIB. 80.000 millones de euros al año. Por comparar esta cifra, en 2024, toda la Sanidad Pública gastó 106.000 millones. Es decir, que los delirantes “sí-señores” de la OTAN quieren que nos gastemos una cantidad que es, casi, la misma que la totalidad de una Sanidad Pública, recortada en calidad y medios, para 50 millones de ciudadanas y ciudadanos. Supongamos que nuestros gobernantes se resisten al delirio y al redil y se plantan en ese tres por cien. Seguiría siendo delirio, sobre todo si se piensa lo que se puede hacer con el 1,50% restante del teórico actual.

Supongo que los lectores y las lectoras habrán adivinado de dónde debe de venir el necesario volumen de dinero para mejorar, enriquecer nuestro territorio de cara al medio ambiente, a la adecuación del cambio climático y a la prevención y extinción de incendios.

Con tres mil millones de euros anuales, descontados del presupuesto de Defensa, un pírrico 10% del actual presupuesto, habría más que suficiente para las medidas de limpieza, prevención, forestación y extinción rápida de incendios que se traduciría en una superficie mucho menor quemada. Con el objetivo puesto en llegar a una cifra media de 300.000 hectáreas por década, en vez del millón actual.

Recordemos, las más que previsibles 400.000 hectáreas quemadas de 2025 costarán, entre todas las labores futuras, además de las propias de extinción, un montante aproximado de ¡¡¡16.000 millones de euros!!! Si se lograra, en un futuro, bajar a una media de 30.000 hectáreas por año, mejorando los medios (la media anual es de 135.000 hectáreas), estaríamos ahorrando al erario 4.000 millones de gasto al año. Es decir que, cuando se lograra el objetivo de 30.000 hectáreas. quemadas al año, es decir, 300.000 hectáreas de media por década, ahorraríamos, de sobra, todo el montante anual del operativo actual.

6. Podéis ir en paz

Sirva esta expresión para entender que solo por estas vías, o parecidas, el fenómeno de la prevención y extinción de incendios, (fenómeno que se ha convertido en un horror, mucho más si se lo compara con un futuro, climáticamente, peor) podremos atajarlo y bien.
Como término del estudio enunciemos un decálogo de verdades del barquero que ayudarían, y mucho, para poner las cuatro patas a la mesa de los incendios. Son verdades tan de sentido común que muchos de nuestros representantes políticos no las entienden, precisamente por la falta de ese sentido en sus caletres.

1. La extinción de un incendio en el verano se logra con la prevención y limpieza del monte en el invierno y primavera. Algo tan elemental que no necesita explicación, solo la actuación de ese lema, de una santa vez.
2. Mayores y mejores medios humanos y técnicos para la prevención y extinción. Tanto en el gobierno central como en los autonómicos. Sigue siendo obvio puesto que hemos completado varias páginas para demostrarlo.
3. Necesidad de una brigada central para prevención y extinción en el gobierno central. Una unidad muy potente puesta a disposición absoluta de las autonomías. Esta unidad podría ser la UME actual; a mi juicio, esta UME debería ser civil, totalmente civil, con mandos civiles dependientes del ministerio del Interior y no de Defensa.
4. La UME. Actualmente es la organización central que es eficaz en los grandes desastres. Habría que aclarar ese ¿malentendido? referido al cobro de emolumentos por parte del Ejército a las comunidades por los trabajos de la UME. Es posible que así sea, pero se debería dejar diáfano y transparente el tema. La UME no puede cobrar un solo euro a ninguna administración puesto que está amparada por los propios presupuestos del ejército.
5. Las consejerías de Medio Ambiente deberían estar regidas, independientemente de su filiación política, por personas capaces, honestas, con sentido común y que se crean, a pies juntillas, todo lo referido a medio ambiente, a cambio climático, a normativas de prevención y de extinción razonadas por los técnicos y científicos. Por supuesto, esto es aplicable igualmente y con mayor implicación, a las personas que dirigen el Ministerio.
6. Los miedos, las prevenciones, los reparos a la hora de pasar un incendio de un nivel a otro deberían cortarse, casi de cuajo. Demasiadas veces el miedo a liquidarse su propio presupuesto, a quedar mal con su jefe (el presidente de la comunidad), a quitarse medallas, conlleva al retraso en dar los medios suficientes a un incendio que lo conducen a la magnitud de gran incendio. Por un posible ahorro de unos miles de euros se arriesga la posibilidad de quemar miles de hectáreas y el costo, entonces, de cientos de millones.
7. Demasiadas veces las edificaciones, urbanizaciones, chalets aislados, ciudades enteras, salidas de recalificaciones poco escrupulosas, muy a lo egipcio, que huelen a mordidas que apestan, salen al paso de esos incendios debiendo utilizar medios para aislar el incendio, para evacuar, para llevarlo por otra dirección. En síntesis, estas edificaciones (no hablamos de pueblos de toda la vida) complican, retrasan, encarecen las extinciones. Esta práctica de edificar urbanizaciones en medio de un buen paisaje, en los cauces de barrancos o de ríos, con la visión de los mejores paisajes agrestes o primeras líneas de playa, debe terminar. Como en el caso de las riadas, se debe evaluar el nivel de asentamientos irregulares de cara a la naturaleza e ir expropiando para no caer jamás en idénticos pecados.
8. Las leyes de medio ambiente y, particularmente, las de incendios, deben amparar la vuelta a la regeneración completa, la vuelta a tal como estaba el monte o el bosque. Sin dejar pie a ninguna picaresca de recalificación de ningún tipo. Los delitos contra el medio ambiente han de endurecerse muchísimo, sobre todo a los instigadores potenciales de cuello blanco.
9. Los incendios en nuestro país coinciden, en gran medida, con lo que han dado en llamar "la España vaciada". Es una constatación simple y firme. Si se sigue con el abandono, poblacionalmente, de las dos terceras partes de nuestro país, solo servirán como agravantes de estos. Si apostamos por seguir convirtiendo nuestras ciudades en megápolis en detrimento del mundo rural, si seguimos apostando, por razones que benefician a unos pocos, por pasar de ciudades habitables a metrópolis difíciles de residir, detrayendo recursos, los humanos, del mundo rural, este problema, íntimamente relacionado con el cambio climático que tenemos en el presente y no en el futuro, irá a peor, no solo a más.
10. Parte de las soluciones a incendios de grandes proporciones encajan con que los vecinos se impliquen, no solo en la extinción, que ya lo están, sino en la necesaria prevención ayudada con disposiciones y leyes de medio ambiente dictadas bajo el sentido común, sostenibles, razonables y lógicas. Directamente, se debe apostar por impulsar núcleos existentes rurales. Como poco, uno por cada 500 kilómetros cuadrados como máximo, con todos los servicios necesarios para frenar la despoblación y apoyar la vuelta al mundo rural: servicios de salud, comercio, ocio, educativos, asociativos, vivienda, cultura, infraestructuras, burocráticos y transporte, a un nivel óptimo como para depender lo menos posible de la ciudad. Dicho de otra forma, frenar la estúpida expansión de las ciudades en una carrera absurda que solo obedece a especulación para unos pocos. Así, también se apagan los incendios.

Consulta aquí las tres entregas de este trabajo.