Ignorados ocupantes

José Antonio, Samanda y sus 4 criaturas se quedan, atrás

La familia de José Antonio y Samanda días antes del desahucio. | Foto: Cris Aznar.

Nos dijeron que no dejarían a nadie atrás, nos aseguran que existe un decreto ley que protege a las familias de los desahucios, pero no es así. Sabemos de la existencia de una Ley Aragonesa desde 2016 que garantiza la alternativa habitacional, pero hacen como como si no estuviera publicada en el BOA. Como ciudadanía debemos aprovechar este 20 de noviembre, día mundial de la infancia, para recordarle a nuestras instituciones la cantidad de menores que dejan atrás, en la calle, y lo hacemos poniendo el foco en los últimos casos que estamos viviendo con familias con menores desahuciados.

Sabíamos que el último desahucio, el señalado para el día 8 de noviembre, era un caso complicado, pero si tengo que ser honesta, pensé que no pasaría, que se aplicaría el decreto, la ley, la lógica, que a pesar de no ser el día internacional de nadie, se protegerían y defenderían los derechos del menor, el derecho a la vivienda. Pero ni la comisión judicial, ni la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, ni la Delegación del Gobierno de España, ni el Ayuntamiento de Zaragoza, mostraron algún tipo de sensibilidad, humanidad o sentido común.

Era impensable para mí que pudiera volver a pasar, que hubiera un piso más vacío y una familia más en la calle, pero así fue. El apoyo ciudadano no pudo frenar el lanzamiento de esta pareja y de sus 2 hijos y 2 hijas, el mayor de 8 años, la menor de 8 meses y, finalmente y tras desalojar por la fuerza a las personas que defendían la puerta de esta familia, tuvimos que ver como los cuerpos del estado priorizan en defensa de lo material frente a lo humano.

Una de las dos habitaciones de la vivienda en la que dormían la pareja y su bebé, Samanda, de 8 meses. | Foto: Cris Aznar.

Inmediatamente después saltaba la noticia, y se apresuraron a comunicar a los medios que se les había proporcionado como solución una vivienda temporal; pues bien, nos vemos en la tesitura de denunciar que esa información se refiere únicamente al pago de 10 días en un albergue y que, posteriormente, se ha conseguido prorrogar hasta el día 1 de diciembre. Esa es la vivienda temporal a la que nuestro gobierno municipal se refiere, y esa es la temporalidad.

Samanda con su bebé camino del baño compartido en el albergue. | Foto: Cris Aznar.

Queremos dejar constancia de lo que esto implica, con 4 menores, en espacios compartidos, baño compartido, ducha compartida, recordando que seguimos en pandemia, y teniendo que estar en una habitación sin espacio para el juego, el estudio, el debido descanso, sin cocina, sin poder tener sus pertenencias, en un espacio reducido cuyo fin no es éste y con la constante incertidumbre de no saber qué pasará el día 1 de diciembre.

Manuel (3) y su hermana (6) juegan con su padre en una de las literas de la habitación. | Foto: Cris Aznar.

Pedimos soluciones reales para familias reales, y una alternativa habitacional digna.

Más alquileres sociales y menos medallas absurdas temporales, más justicia y menos desahucios, más apoyo a las familias y menos información manipulada, más casas para la gente y menos facilidades para los fondos buitre.

Pedimos respeto para estas familias y más consideración, especialmente cuando hay menores a su cargo.

Exigimos una política real que afronte la problemática de la vivienda, que se regulen los precios y no se especule con nuestras vidas, que se rescaten personas y no bancos.

Pedimos una vivienda digna para José Antonio, Samanda y sus 4 criaturas.

Antes del 1 de diciembre, por favor.

Samanda, José Antonio y su hija de 8 meses en la habitación del albergue antes de irse a descansar. | Foto: Cris Aznar.

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