La Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene convocando el 28 de abril desde el 2003 el Día de la Seguridad y Salud Laboral en todo el mundo. La OIT estima que 2,34 millones de personas mueren cada año por accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. De estas muertes, la mayoría, 2,02 millones, corresponden a enfermedades profesionales. Se calcula que la cifra anual de enfermedades no mortales de la actividad laboral afectan a 160 millones de personas.
Además del "inmenso sufrimiento a las víctimas y sus familias", provocan "grandes pérdidas económicas para empresas y sociedad, incluyendo la disminución de la capacidad laboral y la productividad. Aproximadamente el 4% del PIB, equivalente a alrededor de 2,8 billones de dólares, se pierde cada año debido a las enfermedades y accidentes", denuncia la OIT.
En este sentido, desde el Área de Salud Laboral de Intersindical de Aragón/Colectivo Unitario de Trabajadores, recuerdan que "en estos últimos años las empresas han reducido sus presupuestos destinados a prever y desarrollar medidas para proteger a sus trabajadores frente a los nuevos riesgos laborales que se están gestando, producidos por la evolución tecnológica y los propios cambios demográficos. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que el envejecimiento de la población activa inevitablemente da lugar una mayor vulnerabilidad a sufrir accidentes laborales, por lo que se debería prestar especial atención a la mejora y adaptación de las condiciones y puestos de trabajo".
"Sin embargo -añade IA/CUT- las empresa aprovechando la crisis que ellas han creado, junto con banqueros y políticos sin escrúpulos, nos están diciendo que el Estado ya no puede garantizar los costes de las medidas que garantizaban eso que llamaban el estado de bienestar, porque no hay dinero suficiente para mantener y mejorar las conquistas sociales, cuando la producción de la riqueza ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos".
Para IA/CUT la consecuencia es que "los organismos internacionales al servicio del capitalismo más duro están implantando políticas de restricción de los derechos sociales y laborales que afecta a nuestra forma de vida, mediante contratos en precario, limitación del subsidio de paro, disminución en las prestaciones por enfermedad, ampliación de la edad de jubilación, recortes salariales y aumento de productividad, lo que nos lleva a una situación de inseguridad en el mercado de trabajo en todos sus sectores".
Además "hay que añadir la intención del gobierno del estado español tramita en favor de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que dependen de los empresarios". Aunque "el Consejo español de Ministros ha acordado un aplazamiento y no ha aprobado todavia esa legislación", denuncian que el Gobierno del PP "quiere entregar todo el poder a las mutuas". Lo que, a juicio de IA-CUT es "una nueva vuelta de tuerca contra nuestra salud".
Esta nueva ley de mutuas "es restrictiva con la salud de las y los trabajadores, y da más beneficios a las mutuas que dependen de las organizaciones empresariales con la clara intención de la privatización de la sanidad pública, ya que lo que pretende el Gobierno del PP, basándose en el falso argumento del ahorro en la actual situación económica y de la sospecha de fraude por parte de los trabajadores hacia el sistema público, es descapitalizar el sistema público de Sanidad y entregar más recursos económicos a las mutuas dejando a las mutuas que decidan si una baja es de origen común o profesional".
"Si sale adelante como está redactado -agregan- el proyecto de ley de mutuas, se financiaría el sistema de las mutuas con fondos públicos, y no solo con cotizaciones empresariales, por medio, entre otras, del cobro de las pruebas médicas adelantadas en contingencias comunes, habría una centralización y robo de competencias a los servicios públicos del SALUD y a sus inspecciones médicas". En definitiva "sería un avance en la privatización de la sanidad pública, en contra de los criterios de equidad y universalidad del sistema público de salud".
IA-CUT exige que se actualice el registro de enfermedades profesionales y se fortalezca el modelo público sanitario, ya que "con las actuales competencias que tienen las mutuas en la actualidad no garantiza la salud y la seguridad en el trabajo".
Asimismo denuncia que, "aunque las estadísticas recogen un descenso del índice de absentismos en las empresas (se debe al miedo a coger la baja por la pérdida del puesto de trabajo), la realidad es que, en la actualidad hay una pérdida de la salud física y psíquica, más accidentes de trabajo a causa del ritmo excesivo en la producción y las deficientes medidas de seguridad, rebajas en la inversión en prevención, falta de interés en formar e informar a los trabajadores/as en los respectivos riesgos en los diferentes puestos de trabajo".
IA-CUT en este 28 de abril de 2014, día de la Seguridad y Salud Laboral, reivindica "un marco propio de relaciones laborales en Aragón en el que, el Gobierno de Aragón, tenga plenas competencias en materia de Prevención, Seguridad y Salud; que el sistema aragonés del SALUD, gestione las bajas laborales y enfermedades profesionales, sin la intromisión de las Mutuas patronales; una mayor inversión de las empresas en Prevención y Salud laboral, aplicando en todos sus términos la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales; mayor formación e información efectiva a las y los trabajadores de los riesgos a los que estamos expuestos en nuestros diferentes puestos de trabajo; y el estudio e incorporación de las nuevas enfermedades profesionales, que no por no reconocerlas como tales, dejan de existir".
"Por todo ello hoy sigue estando vigente el lema: La salud, no se negocia, es un derecho", concluyen.
Defender la salud y la seguridad en el trabajo
Por su parte, el Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT, en este 28 de abril en el marco de la convocatoria que cada año hacen con el lema 'Sus crisis nos enferman aún más: ¡no tragues con lo que sea en el puesto de trabajo!', se dirige a las personas trabajadoras y les manifiesta que "nunca y menos en tiempos de crisis/estafa asuman el daño de su salud como algo necesario e inevitable".
Para CGT esta es "una jornada conmemorativa", pero también "es una jornada de acción para defender la salud y la seguridad en el trabajo". CGT considera que "la vida, salud y bienestar, es un derecho esencial en cualquier modelo económico y político, de tal manera que el riesgo sobre la salud es evitable".
"La declaración de los Derechos Universales de NNUU de 1948, proclama el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a una vivienda digna, como derechos fundamentales o inalienables de todos los seres humanos", recuerda el sindicato. Pero CGT plantea que "no existe esa igualdad proclamada constitucionalmente". "La desigualdad de trato para las personas asalariadas, la mayoría de la sociedad, se convierte en norma en estos tiempos de estafa económica y social. Los seres humanos no tienen un tratamiento igualatorio para el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos a todos y todas", aseveran.
Para la CGT la salida a la “crisis económica” se está haciendo "sobre una mayor precarización de las condiciones de empleo y, a la vez, sobre las condiciones de vida al desproteger a la clase trabajadora de servicios públicos esenciales para una buena salud: prestaciones de desempleo, rentas básicas que aseguren un mínimo vital, vivienda y hábitat accesible con elementos esenciales (agua, energía eléctrica, etc.), acceso a cuidados y sanidad suficiente y eficiente, a la vez que educación libre y de calidad".
"Una persona trabajadora, donde la temporalidad de su contrato es una característica y el contrato a tiempo completo y fijo se ha convertido en una anomalía, es un trabajador o trabajadora más vulnerable, que ocupa con mayor frecuencia un puesto de trabajo con peores condiciones, y que 'con tal de trabajar' se ve impelido a 'tragar con lo que sea'. Su capacidad para ejercer su derecho de protección a la salud, se ve disminuida, cuando no anulada", apostilla el sindicato.
En este sentido CGT señala que los colectivos "más vulnerables a los efectos de la crisis" son "los trabajadores y trabajadoras jóvenes nacidos en las décadas de los 80 y los 90 del pasado siglo, que nunca han sufrido una coyuntura económica como la actual. No están acostumbrados a vivir bajo presión y muy sensibles a la conciliación de la vida laboral, social y familiar, se ven inmersos en la perplejidad de un 'sin futuro y sin dinero'. Disociaciones, agresividad, ansiedad, depresiones..."
"Los trabajadores y las trabajadoras migrantes -continúa CGT-, generalmente en puestos de baja cualificación profesional, con contratos temporales o simplemente sin contrato, en paro fundamentalmente y con 'rechazo latente'. Carecen de una red familiar y social, al estar lejos de su país, que les aporte apoyo emocional, ayuda y asistencia tanto en lo emocional como en lo no emocional. Y negado su derecho fundamental a la libre circulación y a la asistencia sanitaria, sus niveles de salud se degradan integralmente".
"La posibilidad de perder el empleo y la certeza de no volver a ingresar al mercado de trabajo, hace que aparezcan en los trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años, y en especial los que están cerca de la jubilación, consecuencias derivadas de esta pérdida, salud mental, ansiedad, depresiones, disociación, etc.", y "a la vez, las consecuencias derivadas en un descenso en las cotizaciones sociales y por tanto en la consiguiente pensión. Perciben y viven la realidad como una amenaza, paralizando su voluntad", advierte el sindicato.
Por último, CGT denuncia que "la desigualdad de trato ha empeorado dramáticamente en el estado español con las políticas 'anticrisis' de los gobiernos y los poderosos. Las personas trabajadoras y humildes son cada vez más pobres y las personas ricas y poderosas, menos del 10% de la población del estado español, no han notado 'sus crisis' y han trasladado a la mayoría de la población una peor salud laboral, social y mental".
