El sindicato HUSTE (STEA-i) denuncia en un comunicado "la manipulación informativa que la administración educativa aragonesa está llevando a cabo en relación a la sentencia de 10 de febrero de 2012 del TSJA que le obligaba a ofertar todas las plazas vacantes de administración general y de personal docente no universitario existentes a fecha 31 de diciembre de 2010".
"Basada en una insuficiente oferta de empleo público del año 2011 que desde luego STEA-i denunció, a la Administración no le ha quedado otro remedio que atender los requerimientos de la justicia, siempre a regañadientes", aseveran en el texto.
HUSTE afirma que los sindicatos educativos no han recibido en ningún momento por parte de la administración "información veraz" acerca del cumplimiento de la mencionada sentencia. "El departamento de Educación siempre ha trabajado de espaldas a los docentes y a sus representantes. Ha intentando adecuar el cumplimiento de la sentencia a sus preferencias de oferta de empleo público, sin tener en cuenta las necesidades reales, ni los criterios pedagógicos, ni las instrucciones del TSJA cuando decían que las plazas ofertadas debían de ser del cuerpo de maestros, y no de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de FP, tal y como ha hecho la administración", afirman.
Las y los docentes afectados por "esta metedura de pata" son muchos en Aragón, "siempre sujetos a la desinformación y a la inseguridad jurídica que nos transmite la administración", apostilla el comunicado.
Las y los maestros y profesores interinos de Aragón se preguntan "¿Habrá convocatoria de oposiciones de maestros en Aragón en un plazo máximo de 3 meses, tal y como propone el TSJA? ¿Que sucederá con las oposiciones de Secundaria celebradas en 2014? ¿Y con las previstas para 2015?". "Todo un mar de dudas en el que estamos sumidos por este despropósito", lamenta el sindicato.
En este sentido desde HUSTA (STEA-i) constantan que los recursos públicos "están en manos de unos gestores absolutamente incapaces de realizar correctamente su trabajo" y exigen "responsabilidades políticas" que "deberían traducirse en ceses y dimisiones, empezando por el director general de gestión de personal y su equipo y acabando con la consejera de Educación Dolores Serrat".
