Tras la sentencia, con la elecciones a la vista y la campaña electoral ya en marcha, el conflicto catalán no hace visos de acabarse. Cada día se suceden las noticias aunque de momento los altercados en la calle parecen haber arreciado.
El sector más activo de la movilización independentista se encuentra actualmente entre el estudiantado. Los sindicatos de estudiantes iniciaron este miércoles una huelga indefinida que tiene por objetivo presionar al Govern y al Gobierno español para que se liberen a las personas encarceladas durante las manifestaciones de las pasadas semanas y que se produzca un escenario de diálogo entre las partes enfrentadas.
Mientras el Sindicat d’Estudiants del Països Catalans y el Sindicat d’Estudiants convocaban la huelga en las principales facultades catalanas, paralelamente, el miércoles por la mañana, se iniciaba una acampada en la Plaça Universitat de Barcelona que cada vez es más masiva y ya corta algunas vías notables de la ciudad.
Esta acampada se ha organizado de forma asamblearia y recuerda a las sucedidas en plazas durante el 15-M, aunque de momento el impacto es menor. Entre la juventud, sujeto político de relevancia desde la sentencia, ha despertado un nuevo tipo de lucha que transforma el independentismo en un movimiento más transversal y de carácter social y reivindicativo. La Generación del 14-O, que es como se autoproclaman estos y estas jóvenes reivindica salidas a un futuro precario en lo ecológico, lo político, lo feminista y lo material.
A diferencia de otras manifestaciones estudiantiles, la huelga indefinida ha recibido el apoyo desde diferentes ámbitos políticamente. Los CDR, Òmnium, la ANC, Tsunami Democràtic o el escoltismo catalán –los y las scouts- han hecho un llamamiento a sumarse a la acampada. Asimismo, algunos rectores han firmado una carta conjunta denunciando la judicialización política, y en el caso de la UPF, el rector ha concedido la evaluación única, una demanda de todos las y los estudiantes.
Aunque estas protestas son numerosas tanto en personas como en representación de espacios políticos, las voces discordantes con la movilización estudiantil se han echuchado sobredimensionadas estos días. A los sospechosos habituales como Albert Rivera se ha sumado una carta de diferentes rectores del Estado español que ven “aberrante” la postura de los rectores y algunos grupos de estudiantes que exigen reanudar las clases. Curiosamente, estos últimos grupos que en los medios de comunicación generalistas se definen como simples universitarios que quieren “cumplir con su labor”, están vinculados, como demuestra este hilo de tuit con numerosas pruebas, a Societat Civil Catalana, a Ciudadanos y a la extrema derecha.
Ceci n'est pas une... grève?
Estos días de huelga estudiantil están causando encontronazos dialécticos incluso más allá de los confines del tuister, especialmente entre gente muy mucho de izquierdas. pic.twitter.com/IpbjU556Py
— Pàvel (@__Ilich__) October 30, 2019
Mientras tanto, en los despachos
Este jueves por la mañana, Quim Torra acudía a la Ciutat de la Justicia para autoinculparse por haber ejercido su voto el 1-O. Se trata de una campaña de protesta iniciada por Òmnium que quiere hacer patente que las y los líderes independentistas están en prisión por unos actos que secundaron 2 millones de personas. Según la organización, el documento para autoinculparse ya ha sido descargado por al menos 10.000 personas.
Al mismo tiempo, desde la Conselleria d’Interior y los Mossos d’Esquadra se anunciaba el martes que se llevaría a cabo la más grande auditoria interna de la historia del cuerpo policial catalán. En total se analizaran 15 actuaciones que según la consellera de Presidència, Meritxell Budó, podrían no haber sido correctas y acarrearían la apertura de un expediente. A falta de demostraciones evidentes de esta auditoria, la acción del Govern parece más enfocada a acallar las críticas contra el conseller d’Interior Miquel Buch. También se ha aprobado la creación de una comisión parlamentaria para investigar unas actuaciones policial que desde otros sectores como el PSC con Miquel Iceta a la cabeza se han considerado impecables y dignas de elogio.
Por último, este jueves el Gobierno español llevaba a cabo el último enviste contra su homologo en Catalunya. El presidente en funciones Pedro Sánchez anunciaba la aprobación de un decreto ley que obligará a las administraciones de todo el Estado a utilizar servidores ubicados dentro de Europa. Este decreto urgente ha sido calificado por Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i la Administració como un 155 tecnológico que persigue evitar que la Generalitat contrate servidores extracomunitarios como ya se hiciera en el 1-O.
Se avecinan tormentas
Los próximos días no se presentan precisamente calmados. El lunes y el martes Felipe VI visitará Catalunya con un fuerte dispositivo policial para protegerlo, y ya se han anunciado manifestación de rechazo desde los CDR o la ANC. El monarca llega a Barcelona con motivo de los premios Princesa de Girona, lo cual resulta extraño dado que estos premios se celebran lógicamente en la ciudad del noreste catalán. Sin embargo, en el enclave del que Carles Puigdemont fuera alcalde, se ha decretado a Felipe VI como personan non grata y por este motivo no acudirá a la ciudad.
Por otro lado, desde Tsunami Democràtic se han organizado múltiples convocatorias para las próximas semanas. La primera será el 9 de noviembre y ha sido bautizada como “El 9N fem-los reflexionar” (El 9N hagámosles reflexionar). Para el día de reflexión antes de la elecciones se ha planteado una jornada de actividades autoorganizadas en todo el territorio. Las siguientes fechas de protestas en “lugares sorpresa” serán los días 11, 12,13 y 18.
