Hablar por no callar

El pasado domingo, la concejala de Economía y Hacienda de Teruel, la señora Roció Féliz de Vargas (PP) hablaba con ferviente defensa de la línea argumental de su partido sobre la propuesta de cesión y retorno del superávit de los Ayuntamientos del Gobierno de España formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos. Este gobierno, al que la concejala calificó como socialcomunista, en uno de estos términos que se acuña en la actualidad política de forma peyorativa para determinar a los adversarios, es un término aparte de falaz, dirigido solo a quienes defienden esas posiciones, curiosamente más cercanas a la …

Nicolás López, Coordinador IU-Teruel.

El pasado domingo, la concejala de Economía y Hacienda de Teruel, la señora Roció Féliz de Vargas (PP) hablaba con ferviente defensa de la línea argumental de su partido sobre la propuesta de cesión y retorno del superávit de los Ayuntamientos del Gobierno de España formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos.

Este gobierno, al que la concejala calificó como socialcomunista, en uno de estos términos que se acuña en la actualidad política de forma peyorativa para determinar a los adversarios, es un término aparte de falaz, dirigido solo a quienes defienden esas posiciones, curiosamente más cercanas a la ultraderecha que a lo que se espera de un partido de centroderecha liberal con vocación de estado.

Cualquiera con un mínimo de conocimiento de teoría política, y no dudo que la señora Féliz de Vargas lo tendrá como concejala que es, sabe que ni el gobierno actual defiende políticas comunistas, ni el Partido Socialista es de izquierda radical y no es más que uno de los más arduos defensores del socialismo liberal que recorre Europa desde hace varias décadas.

Sin entrar en la opinión que da sobre Teruel Existe, el verdadero fondo del problema, es ver a una concejala del partido del antimunicipalismo dar esas clases de “defensa municipalista” a una formación sin representación en ningún municipio actualmente.

La famosa “Ley Montoro” que tenía la finalidad de evitar que los ayuntamientos se endeudasen a costa de bloquear su superávit y muchas más restricciones, fue la ley que más ahogó y ató a los ayuntamientos para hacer frente a inversiones y a gastos eventuales como los que hemos sufrido en la actualidad. Este bloqueo de fondos, finalmente, ha tenido que ser atajado por el gobierno actual de forma urgente, con un error a mi parecer, no haber negociado más desde la Federación Española de Municipios y Provincias y recabar más apoyos.

El bloqueo en el Congreso por parte de estos fondos supone que la Ley Montoro continuará vigente y por tanto esos fondos no van a poder ser usados a no ser que el ejecutivo, tal y como está planteando, utilice la cláusula de excepcionalidad para que en el ejercicio 2020, se puedan usar los superávit de los años 2018 y 2019. También planean activar este mismo mecanismo para los presupuestos municipales del año 2021.

Por tanto, es hablar por no callar, hablar por no callar desde una posición de los verdaderos culpables de la falta de maniobra de los municipios, intentando bloquear toda reforma y avance desde los ayuntamientos y diputaciones en las que están presentes. Lanzar piedras sobre tu propio tejado lleno de agujeros y buscar un responsable externo al que consideras tu “enemigo” es una estrategia errónea en estos tiempos. Es momento de proponer y empujar y no seguir con las zancadillas a todo cambio que necesario.

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