Desde que en enero de 2012 el Consejo de Ministros acordara su nombramiento al frente de la Delegación del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde ha sido objeto de continuas críticas por su incomprensión de las aspiraciones vecinales. Tras las manifestaciones de apoyo al barrio burgalés de Gamonal -que se saldaron con 13 detenciones-, los escraches han sido el principal talón de Aquiles del histórico político del Partido Popular.
Fue precisamente la prohibición del paso de una protesta por la calle Alfonso, donde vive la consejera de Educación Dolores Serrat, la que valió a la Delegación para recibir la cuarta y última condena del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por vulnerar el derecho de reunión. La reprimenda judicial, sin embargo, no ha parece haber cambiado las directivas de Alcalde que ya ha recibido en dos ocasiones la recomendación del Defensor del Pueblo de mostrar su aceptación pública de la sentencia y su respeto del citado derecho.
En un comunicado, el Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) ha denunciado la “inaudita y lamentable posición” de la Delegación del Gobierno así como señala que “las coordenadas de normalidad para esta Delegación son las identificaciones, sanciones administrativas y el hostigamiento a la ciudadanía que ejerce sus derechos”. MHUEL no es la única asociación aragonesa que en los últimos meses ha reclamado la dimisión de Alcalde, propuesta a la que se han sumado plataformas como Marea Ciudadana, la asociación Democracia Real Ya, el sindicato CGT o partidos como Izquierda Unida o el Partido Comunista Aragonés.
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