La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha llevado a los tribunales los servicios mínimos impuestos por el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón para la huelga general de este miércoles 11 de noviembre. El sindicato considera que las restricciones son abusivas y desproporcionadas y ha solicitado medidas cautelarísimas, con el objetivo de obtener una resolución judicial urgente antes de que comience la jornada de paro.
La resolución del Ejecutivo aragonés establece que el 25% del personal docente de los centros educativos no universitarios deberá trabajar durante la huelga, tanto en la enseñanza pública como en la concertada y privada. A este porcentaje se suma la obligación de contar con una persona del equipo directivo en cada centro.
Para CCOO, estas exigencias exceden los límites razonables de unos servicios mínimos y restringen injustificadamente el ejercicio del derecho fundamental de huelga de las plantillas educativas.
CCOO denuncia que se pretende mantener la actividad ordinaria
La Federación de Enseñanza sostiene que los servicios mínimos deben responder a criterios de necesidad y proporcionalidad, destinados exclusivamente a garantizar las prestaciones indispensables.
En este sentido, considera que la administración no puede utilizar el carácter esencial de la educación para imponer restricciones que, en la práctica, permitan mantener el funcionamiento ordinario de los centros durante una jornada de huelga.
El sindicato recuerda que el derecho a la educación y el derecho de huelga deben hacerse compatibles, pero advierte de que esa compatibilidad no puede resolverse mediante limitaciones que no estén debidamente justificadas.
Ante la proximidad del 11N, CCOO ha solicitado medidas cautelarísimas para que los tribunales puedan examinar de forma urgente los servicios mínimos antes de que se apliquen.
La organización sindical considera que esperar a una resolución judicial posterior podría ocasionar un perjuicio irreparable, puesto que las trabajadoras y trabajadores afectados ya habrían perdido la posibilidad de ejercer su derecho de huelga durante la jornada convocada.
“CCOO no va a permitir que la administración utilice los servicios mínimos para limitar la capacidad de movilización de las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza”, advierte la Federación, que reafirma su intención de defender el derecho de las plantillas a secundar el paro.
Asimismo, llama al conjunto del personal educativo a participar en la huelga general y en las movilizaciones del 11 de noviembre.
Nuevas denuncias tras las residencias y el Ayuntamiento de Zaragoza
La actuación judicial de CCOO se suma a las denuncias por servicios mínimos abusivos conocidas este lunes en las residencias de mayores de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza.
En el sector de la dependencia, OSTA alertó de que prácticamente la totalidad del personal de atención directa estaba siendo incluido en los servicios mínimos, una situación que, según el sindicato, evidencia la insuficiencia estructural de las plantillas.
Por su parte, CCOO, OSTA y UGT denunciaron que el Gobierno municipal de Natalia Chueca había elevado de 255 a 685 las personas obligadas a trabajar durante la huelga, casi el triple de las establecidas en anteriores convocatorias.
La controversia alcanza así a tres ámbitos de los servicios públicos aragoneses en vísperas del 11N, con el derecho efectivo a secundar la huelga como principal motivo de las denuncias sindicales.
