La Delegación del Gobierno español en Aragón ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la decisión del Gobierno aragonés de PP-Vox de cerrar la puerta a la tramitación de cualquier solicitud para declarar zonas de mercado residencial tensionado en Aragón.
El recurso cuestiona el acuerdo adoptado el pasado 24 de junio por el Ejecutivo autonómico, posteriormente publicado en el BOA, por el que Aragón decidió no tramitar procedimientos para declarar estas zonas mientras no concurran determinadas condiciones. El Gobierno aragonés defendió entonces que su decisión se apoyaba en sus competencias en materia de vivienda y en los efectos que atribuye a la aplicación de esta figura en otros territorios.
La consecuencia práctica que ahora impugna la Delegación es que ningún municipio aragonés puede conseguir siquiera que se estudie una eventual declaración, aunque su ayuntamiento considere que existen problemas graves de acceso a una vivienda a precios asequibles y solicite iniciar el procedimiento.
“El Gobierno de Aragón no solo ha decidido no declarar ninguna zona tensionada, sino que se niega directamente a estudiar si algún municipio cumple los requisitos legales para ello”, sostiene el delegado del Gobierno español en Aragón, Fernando Beltrán.
Una herramienta de la Ley de Vivienda bloqueada en Aragón
La figura de las zonas de mercado residencial tensionado está contemplada en la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Su declaración no es automática: requiere analizar las circunstancias concretas del territorio y justificar mediante datos la existencia de especiales dificultades de acceso a una vivienda asequible.
Entre los criterios previstos figura que la carga media del coste de la hipoteca o el alquiler, sumados los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares; o que el precio de compra o alquiler haya experimentado en los cinco años anteriores un crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC correspondiente.
La declaración permite posteriormente aplicar distintas medidas sobre el mercado residencial, entre ellas determinadas limitaciones sobre las rentas de nuevos contratos de alquiler y beneficios fiscales para propietarios.
El mecanismo está siendo aplicado en otros territorios. Las resoluciones publicadas por el Ministerio de Vivienda durante 2026 recogen nuevas declaraciones, entre otros lugares, en municipios de Asturies y Euskal Herria.
El Gobierno aragonés condicionó cualquier tramitación a “informes científicos”
Uno de los argumentos centrales del recurso presentado ante el TSJA se dirige contra la fórmula utilizada por el Ejecutivo PP-Vox para impedir la tramitación de solicitudes.
Según explica la Delegación, el acuerdo autonómico establece que estas no se tramitarán hasta que existan “informes científicos” que contradigan los efectos negativos que el Gobierno aragonés atribuye a las zonas tensionadas.
La impugnación sostiene que la DGA no concreta qué debe considerarse un informe científico, quién tendría que elaborarlo, qué metodología debería emplearse, qué efectos tendría que estudiar ni cuándo podría considerarse satisfecha esa condición.
Para la Delegación, esto deja la posibilidad de volver a tramitar las declaraciones sometida a una condición sin plazo ni parámetros determinados, generando una situación que considera incompatible con el principio de seguridad jurídica.
Sin audiencia a los ayuntamientos afectados
El recurso cuestiona también el procedimiento utilizado por el Gobierno de Aragón para adoptar su decisión. Según la Delegación, el acuerdo fue aprobado sin trámite de audiencia ni información pública y sin participación de los ayuntamientos, pese a que son precisamente las entidades locales las que pueden detectar problemas específicos de acceso a la vivienda en sus municipios.
El Gobierno español sostiene así que el Ejecutivo autonómico no se ha limitado a rechazar una determinada declaración de zona tensionada, sino que ha establecido de antemano un bloqueo general que impide estudiar individualmente la situación de cualquier municipio aragonés.
El recurso no reclama al TSJA que declare automáticamente ninguna zona tensionada. Lo que impugna es precisamente esa negativa previa y general a tramitar las solicitudes, independientemente de la evolución de los alquileres, los precios de compraventa o las circunstancias concretas de cada localidad.
Beltrán: “Confunde construir vivienda con garantizar el derecho a tenerla”
La batalla jurídica viene acompañada de una confrontación abierta entre los dos gobiernos sobre sus respectivos modelos de vivienda. Beltrán acusa al Ejecutivo aragonés de desarrollar una política que “confunde construir vivienda con garantizar el derecho a tenerla” y sostiene que la DGA “carece de una estrategia ambiciosa de alquiler asequible”.
El delegado reprocha al Gobierno PP-Vox que “no actúa ni ante las zonas tensionadas ni ante los alquileres abusivos, ni ante el alquiler temporal, ni ante la vivienda turística o la vivienda vacía”, además de considerar insuficiente su apuesta por ampliar el parque público de alquiler y criticar que las viviendas protegidas puedan perder esa calificación con el paso del tiempo.
“Tener una vivienda digna no puede ser un privilegio para unos pocos, sino que debe ser un derecho para todos y, con estas medidas, estamos un poco más lejos de conseguirlo”, afirma.
Frente a este planteamiento, el Gobierno de Aragón ha defendido públicamente un modelo centrado fundamentalmente en incrementar la oferta de vivienda, rechazando la regulación de precios mediante las zonas tensionadas. El consejero de Vivienda, Octavio López, sostuvo en julio que la negativa a aplicar esta figura no respondía a una “decisión ideológica”, sino a criterios de “responsabilidad pública”, y aseguró que el Ejecutivo autonómico se apoyaba en estudios sobre sus efectos en Catalunya.
266 millones del nuevo Plan Estatal de Vivienda
La Delegación invoca también el artículo 47 de la Constitución, que establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
“El hecho de que tener una vivienda digna se haya convertido en una aspiración casi imposible es una tremenda injusticia y todos debemos trabajar para revertir esta situación”, afirma Beltrán.
El delegado sostiene que el Gobierno español tiene que “hacer mucho más”, pero considera que avanza “en la dirección correcta”. En este contexto, cifra en 266 millones de euros la inversión total prevista para Aragón dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda.
