Este sábado, decenas de personas protagonizaron una marcha desde Alcalá de Gurrea hasta La Sotonera para exigir la suspensión del Festival Sizigia, tanto por su impacto medioambiental como por las implicaciones éticas que, a su juicio, supone su política comercial de atracción de artistas y público procedentes de la entidad colonial israelí. La convocatoria estuvo precedida por una intensa campaña informativa promovida inicialmente por colectivos solidarios con el pueblo palestino del Alto Aragón.
Además, estas organizaciones, junto con entidades dedicadas a la protección de la naturaleza, anunciaron la presentación de alegaciones al proceso de evaluación ambiental abierto por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), después de que este descartara la primera solicitud de autorización presentada por la empresa promotora del macrofestival, previsto entre los días 10 y 14 de agosto en el entorno del embalse de La Sotonera, en el término municipal de Alcalá de Gurrea. El plazo para presentar alegaciones concluirá este jueves.
Entre las ya presentadas se encuentran las introducidas por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), que registró el pasado 22 de junio un escrito de alegaciones ante el INAGA.
La reputada entidad conservacionista solicita al órgano ambiental que emita un informe desfavorable al proyecto al entender que presenta incompatibilidades con la normativa ambiental y de protección del territorio. Como petición subsidiaria, reclama que, si no se desestima la iniciativa, se requiera a la promotora información adicional sobre aspectos como la capacidad real del sistema de saneamiento previsto para el festival.
Entre sus principales argumentos, la FCQ recuerda que el propio INAGA determinó el pasado 16 de abril que el proyecto debía someterse obligatoriamente a una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada debido a su potencial afección sobre el ecosistema del embalse de La Sotonera. La organización señala que el estudio ambiental presentado por la promotora sitúa el evento en parcelas próximas al espacio protegido.
Uno de los aspectos centrales de las alegaciones hace referencia a una instrucción de la Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, de 7 de enero de 2026, relativa a la organización de actos públicos con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto. Según la FCQ, dicha instrucción establece que no podrán organizarse eventos en espacios naturales protegidos ni en un radio inferior a 400 metros de los mismos y recomienda que este tipo de actividades se desarrollen en núcleos urbanos o en su entorno inmediato.
La fundación sostiene que el propio estudio de impacto ambiental reconoce una afección directa sobre la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000290 "La Sotonera", circunstancia que, a su juicio, resulta incompatible con la citada instrucción y exige, además, una evaluación adecuada de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.
Las alegaciones también ponen el foco en la clasificación urbanística de parte de los terrenos afectados como Suelo No Urbanizable Especial, una figura que, según la organización, refuerza la necesidad de preservar los valores naturales y paisajísticos del entorno.
Asimismo, la FCQ advierte del riesgo de incendios forestales durante las fechas previstas para el festival. Recuerda que la documentación ambiental clasifica la zona con un elevado nivel de peligro y señala como precedente la activación de la Alerta Roja Plus por riesgo extremo de incendios forestales en Aragón durante agosto de 2025. En este sentido, considera que un evento con una asistencia prevista de entre 10.000 y 19.000 personas podría resultar incompatible con la aplicación de medidas de emergencia en caso de repetirse una situación similar.
La organización también plantea dudas sobre la posible afección a especies protegidas presentes en la zona, la viabilidad de los accesos y de una eventual evacuación de miles de asistentes, teniendo en cuenta las limitaciones previstas en la carretera HU-521, así como sobre la capacidad del sistema de saneamiento planteado por la promotora, al no concretarse el número de depósitos destinados al almacenamiento de aguas residuales.
Por último, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos considera desproporcionada la dimensión del evento respecto a la capacidad de acogida del municipio de Alcalá de Gurrea, que cuenta con 265 habitantes, y sostiene que los beneficios económicos esgrimidos por la promotora deberían contrastarse con los costes ambientales, de infraestructuras y de prestación de servicios públicos que, a su juicio, generaría un acontecimiento de estas características.
En su escrito, la entidad solicita al INAGA que tenga en consideración el conjunto de estas alegaciones durante la tramitación del expediente y que le reconozca la condición de parte interesada en el procedimiento.
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