Según informa Sergio López, coordinador de la campaña, el número de alumnas y alumnos no matriculados en religión ya es mayoría en los centros públicos: un 57,15% . Señala a su vez que resulta muy significativo que este porcentaje baje hasta un 13,15% en lo que conocemos como centros concertados (privados con subvenciones públicas), “de los que siete de cada diez son católicos y donde las familias se verían más condicionadas, si no coaccionadas, a la hora de elegir”, subraya.
Las organizaciones adheridas a la “Campana unitaria: Por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela”, entre las que destaca la aragonesa Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL), apuntan que las distintas leyes educativas llevan décadas “apuntalando los privilegios de la jerarquía católica a través de la pervivencia de la catequesis en todos los centros educativos en horario lectivo y de la no menos grave extensión sin límites de la escuela privada subvencionada”, y critican que en los últimos años estos privilegios hayan empezado a extenderse a otras confesiones religiosas.
Denuncian a su vez la “sumisión de los gobiernos a los intereses de la jerarquía católica”, cuyos privilegios supondrían “el principal obstáculo para que la escuela pública sea el eje vertebrador del sistema educativo, alejándonos de países de nuestro entorno que apostando por la escuela pública presentarían mejores resultados académicos y menores tasas de segregación escolar”. Añaden que “sustituir una aconfesionalidad que no era tal por una suerte de multiconfesionalidad no contribuye a mejorar la situación”, para concluir que el espacio público “debe regirse por los principios de laicidad”.
Desde la coordinación de la campaña se argumenta que una escuela que promueva valores comunes, que no serían otros que los valores democráticos “es el mejor antídoto contra el auge del militarismo, la xenofobia y los discursos de odio”. “Esto sólo se consigue garantizando el derecho a la educación de todos sin exclusiones y preservando así el interés superior del menor”. Pero también aseguran que no es menos importante “amparar y apoyar a los y las menores que en el ámbito escolar decidan no observar normas basadas en imposiciones religiosas que afecten a su comportamiento o a su aspecto físico, garantizando el respeto a su libertad de conciencia. Una escuela pública y laica es la mejor herramienta para conseguirlo”, recalcan.
Por todo ello, las organizaciones firmantes exigen a los gobiernos que cumplan “sus compromisos”, y al Gobierno del Estado español que “proceda a la denuncia y derogación de los Acuerdos concordatarios con el Vaticano y aquellos suscritos con otras confesiones religiosas”, y valoran como un primer paso en la buena dirección “la presentación, por parte del Grupo Purinacional Sumar y Compromís, de una Proposición No de Ley por la salida de la asignatura de religión del horario escolar”, tras la ronda de contactos que desde la campaña se planteó a distintos grupos parlamentarios a lo largo del curso pasado.
