Este jueves las Cortes de Aragón han debatido dos proposiciones en relación a la Ley de Memoria Democrática, una para su desarrollo y otra para su eliminación. La primera que se ha debatido ha dido la propuesta de Vox Aragón de derogar dicha ley dado que según señalan en el texto expositivo una ley que busca devolver la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo provoca "rencor y la división".
Pero el partido ultraderechista se ha quedado solo en este intento de retroceder en los derechos humanos. El Pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado la proposición de ley de Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática. A PSOE, Podemos, CHA e IU se han sumado en defensa de esta ley PAR y Cs. Los seis partidos han votado en contra, mientras que el PP se ha abstenido y solo Vox ha votado a favor.
La proposición de la ultraderecha ha sido muy criticada por parte de la Plataforma de Asociaciones Memorialistas: "Que una fuerza política nos exija que olvidemos ese pasado reciente prolongando la amnesia social que propició el franquismo, es una ofensa flagrante, no solo a la ciudadanía y a las víctimas, sino a las mismas bases de nuestra sociedad democrática y a su constitución".
Asimismo, ha recalcado que "nada hay tan vergonzoso e inaceptable sobre todo en una democracia, que la falta de respeto, por parte de representantes de la ciudadanía a los derechos humanos". A este respecto la PAMA ha recordado que "son decenas de miles los españoles asesinados y hechos desaparecer por los militares golpistas de 1936. Son también decenas de miles los torturados, represaliados, marginados, exiliados, esquilmados y perseguidos por ese régimen, por el solo delito de pretender la democratización del país".
La otra propuesta llegaba de la mano de Izquierda Unida con su proposición no de ley de la creación de una Comisión Técnica que impulse un Plan de Acción que para desarrollar las medidas que serviría para ese propósito de conseguir la justicia social para toda la ciudadanía. Su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha defendido esta propuesta ante la falta de un pleno desarrollo de la ley estatal de 2007 y de la aragonesa aprobada en 2018 que "recogen derechos y también las obligaciones de las administraciones públicas para recuperar la dignidad de las víctimas del franquismo, para honrar su memoria, para buscar y localizar a personas que fueron asesinadas y abandonadas en fosas y para eliminar de las calles y espacios públicos todo vestigio del franquismo".
Para Sanz, "un presente y un futuro sin memoria son peligrosos, puesto que las sociedades que miran de frente a su pasado amargo son capaces de realizar un relato correcto de lo que pasó, desde la óptica democrática".
Entre los objetivos de la proposición no de ley destacan la constitución de una Comisión Técnica que impulse un Plan de Acción que recoja medidas concretas, como la creación de un banco de ADN, de un Centro de Investigación de la Memoria, la apuesta por una educación transversal en memoria o la eliminación de vestigios franquistas en los municipios de Aragón, entre otras.
Además, IU reconoce y pone en valor la "inestimable" labor de las entidades memorialistas, con su trabajo de recopilación de la memoria y de recuperación con sus propias manos de cuerpos de personas represaliadas por el franquismo. "Una labor que debería realizarse desde el Gobierno de Aragón", concluye Sanz. Una proposición que desde la Plataforma de Asociaciones Memorialistas ha valorado positivamente y ha recordado que la estrategia de la ultraderecha no es otra que "la continuación de la labor franquista por otros medios y en otra tesitura social. Hoy nos unimos todas las fuerzas verdaderamente democráticas (pues por una sociedad así hemos luchado) para decirles que no".
