La reciente noticia sobre la gestión municipal del edificio de Estébanes (uno más en la larga lista de inmuebles deteriorados del casco histórico) es solo el ejemplo que ha encendido una reflexión que muchas vecinas y vecinos compartimos desde hace años: en Zaragoza, la inacción del Partido Popular siempre beneficia a los mismos.
Cualquiera que viva en una comunidad de propietarios y haya tenido algún problema en el que Disciplina Urbanística haya tenido que actuar lo sabe bien. Los pisos turísticos irregulares proliferan, alterando la convivencia y haciendo imposible el descanso de personas mayores o de familias que llevan toda la vida en su barrio. Y cuando por fin se abre un expediente, caduca a los seis meses porque el Ayuntamiento no tiene personal suficiente para tramitarlo. No lo decimos nosotras: lo reconocen los propios trabajadores y trabajadoras municipales, desbordados ante la falta de técnicos y de personal jurídico.
El resultado es una ciudad donde quien cumple la ley se siente indefenso, mientras muchos propietarios y empresas constructoras siguen lucrándose, incluso cuando pesan sobre ellos órdenes firmes para restablecer la legalidad. La sensación de impunidad es tan evidente como desmoralizadora.
Por eso la noticia de Estébanes no sorprende: es la punta del iceberg de un problema estructural. La incapacidad -o la falta de voluntad- del gobierno municipal para hacer cumplir las normas está permitiendo que Zaragoza pierda patrimonio, que se degrade la convivencia y que el casco histórico se convierta en un territorio donde solo prosperan quienes ven en la ciudad un nicho de negocio, no un espacio compartido.
Mientras tanto, la alcaldesa Natalia Chueca sigue destinando recursos públicos a gastos superfluos y operaciones cosméticas, mientras lo esencial se queda sin medios: inspección urbanística, disciplina, protección del patrimonio...
Porque lo verdaderamente urgente no es la fachada del Ayuntamiento como una caja de regalo: lo urgente es hacer cumplir la ley a quienes más tienen y más especulan, y proteger a la ciudadanía en los barrios.
