Freno a la soberbia viral del negocio del juego

En el Estado español alrededor de 450.000 personas sufren un problema de salud provocado por la adicción al juego, encabezando la mayor tasa europea de ludopatía en edades de entre 14 y 21 años; solo en el último año unos 500.000 menores de edad han apostado en juego online y presencial

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El Dorado. Foto: Jesús Cortés.

En plena suma de esfuerzos para combatir el coronavirus, nuestros barrios siguen sufriendo el ataque directo del negocio abusivo de las casas de apuestas. Vinieron para quedarse en la crisis del 2008, implantando un modelo de supuesto ocio que nada aporta, más que el fomento de una adicción y el consecuente menoscabo de la salud y economía de una ciudadanía harta de la adicción inducida del siglo XXI. Cuando todas sufríamos la pandemia, con la pérdida de empleos, el cierre de pequeños negocios y de nuevo el aumento de contagios por la Covid-19; mientras los barrios se hallaban inmersos en esta nueva crisis sanitaria, económica, social y emocional, los locales de juego y casas de apuestas no variaron su estrategia de expansión viral de ataque capitalista, que venían ejerciendo desde 2008. Incluso durante el retroceso a la fase 2 en Aragón, el sector de las casas de apuestas siguió manteniendo sus puertas abiertas con total soberbia, en nuestros barrios, pese a la obligación legal de su cierre.

En el Estado español alrededor de 450.000 personas sufren un problema de salud provocado por la adicción al juego, encabezando la mayor tasa europea de ludopatía en edades de entre 14 y 21 años; solo en el último año unos 500.000 menores de edad han apostado en juego online y presencial. Siendo uno de los estados más castigados por la pandemia de Europa, ¿qué hace que un sector empresarial actúe de tal forma y no reciba una respuesta contundente en un momento en que hay tantas vidas en juego?, ¿cómo es posible que mientras el ritmo vital de la sociedad se detiene, este negocio se mantenga ajeno a las restricciones de apertura, obteniendo beneficio económico con total impunidad?

Si durante el confinamiento y con posterioridad en las diferentes fases, nuestras poblaciones se sometieron a estrictos controles policiales -con algún caso de exceso de celo- para cumplir las órdenes sanitarias, cabe reflexionar sobre el porqué en esta grave situación no se han llegado a tomar las medidas que obliguen a estos negocios a cumplir las normas sanitarias establecidas de forma escrita para la Fase 2.

Centrándonos en líneas básicas, que esto suceda es fruto de la escasez de normativa, el arrastre de falta de voluntad de la vieja política, sumada a la ineficacia de los mecanismos y servicios de control de esta actividad, si realmente se dispone de ellos. Este escenario no hace más que reforzar que las casas de apuestas no teman enfrentarse a quien sea con tal de seguir alimentando su negocio buitre.

En este momento de preocupación por la salud pública, debemos poner el foco en medidas que realmente supongan un freno a esta lacra que tanto daño está haciendo en nuestros barrios, a nuestro territorio. Aragón se encuentra inmersa en un proceso de modificación de la Ley del Juego, que supone la oportunidad de romper sin miedos la influencia cronificada de determinados poderes económicos. Necesitamos una herramienta capaz de dar respuesta a las personas que por desgracia ya sufren de la enfermedad que provoca este negocio, prevenir que futuras generaciones caigan en la trampa de quién sólo busca el lucro a costa del desgaste del bienestar social. Y para que de verdad se avance en poner coto a una actividad que, además de causar graves daños a la salud, frene la actuación de un sector que reiteradamente resulta irresponsable y soberbio.

Desde el lobby empresarial, respaldado por políticas neoliberales, siguen en su empeño de convencer a las administraciones para abordar la regulación del juego desde un punto de vista meramente económico: como si de una actividad comercial inocua se tratase, mediante argumentos falaces basados en la oferta de ocio y diversión, sumada a la falsa creación de puestos de trabajo y riqueza en forma de impuestos. Aquí es donde se necesita poner el acento. Por un lado, en la precariedad laboral del personal de las casas de apuestas, en su mayoría mujeres que se enfrentan a situaciones y comportamientos machistas en espacios fuertemente masculinizados. Por otro, en desmitificar la recaudación de impuestos, que no tiene en cuenta el coste personal y sanitario que supone para las personas que sufren la adicción y su entorno.

Para poner soluciones eficaces a toda esta problemática, hacen falta consensos políticos que sitúen a las personas y la vida en el centro por delante de intereses recaudatorios. Existen estudios, evidencias sanitarias y voluntad social para poder afrontar con valentía y altura de miras este reto normativo, concretando y trabajando además en un plan integral de información y educación, por el que se potencie alternativas de ocio especialmente para nuestra juventud, sin dejar de tener en cuenta a otros colectivos vulnerables como son las personas mayores.

De esta crisis no podemos salir como en 2008, donde los intereses económicos estuvieron por encima de la vida y de nuestros barrios. Entonces, las casas de apuestas empezaron a tomar terreno, y con ellas los fondos buitre que las respaldan. Desde la organización y el tejido social ya hemos empezado a plantar cara. Es una exigencia que las políticas estén a la altura y el trabajo institucional vaya de la mano del impulso de la demanda ciudadana. Está en nuestra mano y en ello algunas seguimos poniendo nuestro empeño porque, pese a todos los obstáculos, seguimos creyendo que es posible frenar la soberbia y el daño del negocio del juego.

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