Juan Francisco V. A. moría en la macrocárcel de Zuera el 23 de diciembre del año pasado con 36 años. El caso no llegó a trascender ni como un breve en prensa.
Francisco llevaba en la prisión de Zuera solo unos meses y parece ser que ya arrastraba problemas de salud. De hecho el historial médico dice bastante claro que, al menos desde octubre de 2022, presentaba síntomas como sangrado rectal. Un historial médico que no pasó de unas inspecciones de rutina, atención desde enfermería, y una medicación para problemas gástricos. Tras la muerte se realizó la pertinente autopsia que simplemente decía muerte natural.
Ahora bien, cabe preguntarse cómo de natural es no haber pasado por ningún especialista, aún llevando meses con síntomas evidentes de que algo no iba bien y con continuas referencias por parte del interno a su mal estado de salud con llamadas a la familia en la que insistía en la prácticamente nula atención que recibía.
Tras la muerte, que se produjo en la celda, su madre denuncia el frío trato. Una simple llamada el día de Nochebuena en que se le comunicaba en unas pocas frases la muerte de su hijo y sin más explicación que una petición de que se pusiera en camino.
Las cosas hubieran ido mejor seguramente si no hubiera sido un número más entre las más de 1.100 personas presas en la saturada macrocárcel de Zuera a las que atiende un menguado equipo médico sin presencia en el centro. Desde hace meses, según denuncian las propias personas presas, las consultas son por videoconferencia y tras una espera de horas, en una cárcel que, en la práctica, solo tiene servicio básico de enfermería, algo que hacen patente incluso las propias organizaciones de funcionarios.
Las visitas a un especialista pueden demorar meses y requieren un traslado a Zaragoza en condiciones complicadas y con la persona esposada. Incluso una simple atención odontológica puede ser un problema.
Por otro lado, los programas de prevención y salida de las adicciones son a todas luces insuficientes y nada indica que vayan a mejorar en fechas cercanas. Más aún teniendo en cuenta que un 40% de los internos toman ansiolíticos como única solución a su consumo de sustancias ilegales. Un claro fallo del sistema como advierten organizaciones como Red de Atención a las Adicciones (UNAD).
Aunque la desatención médica en Zuera viene de largo. Ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos e incluso suscitó una pregunta parlamentaria en marzo de 2021. Asimismo una representación del Defensor del Pueblo, en concreto del Mecanismo de Prevención de la Tortura visitó la prisión de Zuera en septiembre y uno de los asuntos que revisaron fue la atención médica en este centro, que hicieron constar en el informe.
Tampoco es una novedad en las prisiones del Estado español, en muchas de las cuales, con la política de macrocárceles, están muy lejos de cualquier hospital de referencia y no pueden atender cualquier urgencia grave.
Su madre, en contacto con la Iniciativa contra las Macrocárceles, lo dice claro: para su hijo, que tenía mucho tiempo por delante a sus 36 años, ya es tarde. Pero hacer pública esa desatención médica hacia las personas presas es algo fundamental, algo que puede no sólo salvar vidas, si no mejorar las ya de por sí duras condiciones del encierro.
