La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR) han remitido un escrito a la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, con la intención de transmitirle su preocupación y malestar ante la noticia, publicada en diversos medios, en la que se informaba del superávit que el servicio de comedor había generado en colegios públicos.
El escrito remitido por FAPAR solicita que se les informe a ellos, como representantes de las familias de la Escuela Pública, y a la sociedad en general, " los criterios con los que se fijo el precio que las familias debemos abonar, el coste del servicio de comedor en estos centros públicos, el número de comensales que tienen, el coste para las familias y el coste que se abona a las empresas que realizan el servicio".
Además, desde la Federación, recuerdan a la Consejera de Educación, que hace tres años "su Departamento incrementó un 25% el coste del servicio de comedor para todas las familias, pasando de 77€ a 96€. Este incremento, unido al endurecimiento de los requisitos para ser beneficiario de una beca, supuso que muchas familias no pudieran acceder a este servicio, porque no podían asumirlo, dificultándoles considerablemente su conciliación laboral y personal".
Recuerdan también que estos recortes en comedores inciden de forma negativa en la alimentación de un buen número de menores a los que el comedor escolar proporciona la única comida equilibrada y completa diaria, tal como queda reflejado en informes realizados por distintas organizaciones que inciden en el aumento de la pobreza y la malnutrición infantil de la que nuestra Comunidad Autónoma no queda exenta.
FAPAR manifiesta su sorpresa a la Consejera Dolores Serrat de que ese coste que se impuso a todas las familias está generando beneficios en muchos centros y advierten que les genera indignación. Recuerdan que "el coste que se nos obliga a abonar a las familias está por encima del coste real del mismo. De lo contrario no se justifica ese superávit". También, "que las familias usuarias del servicio de comedor estamos financiando con ese superávit, gastos en los centros que no nos corresponden a nosotras y que es su Administración quien tiene la obligación de atender. Ni la adquisición de ordenadores, ni la ejecución de obras, ni la reposición o compra de materiales para el centro o para el comedor, son responsabilidad de las familias".
Por todo ello, desde la federación de asociaciones de madres y padres de alumnos solicitan a la Consejería de Educación toda la información referida al servicio de comedor, el estudio y creación de una planificación ajustada a la realidad del coste del servicio de comedor, que permita, como todo parece indicar, rebajar considerablemente el abusivo coste que en estos momentos nos obligan a asumir a las familias.
Por último, exigen la derogación de las actuales bases que regulan las ayudas de comedor, ampliando los ingresos por miembro de unidad familiar, eliminando la concurrencia competitiva, no tomando como referencia la situación económica de hace dos años, incluyendo en la ayuda los meses de septiembre y junio, así como el fuera de plazo y facilitando la solicitud por otras vías, además de la telemática, para, segun advierten desde FAPAR, "que puedan acceder a ellas las familias que las necesiten en la actualidad, cumpliendo así con la función social de la Escuela y con la responsabilidad que la Administración tiene de compensar las desigualdades de sus ciudadanos, especialmente en el ámbito educativo".
Contenciosos Administrativos contra la Consejería
Esta carta coincide en el tiempo con la presentación de un informe sobre la gestión de las ayudas a comedor en los últimos cursos en Aragón, lo que ha generado la interposición de dos contenciosos administrativos contra la Consejería. El informe, creado por el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza y FAPAR, explica como viene siendo la gestión por parte de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, de las becas de comedor, razón por la cual, estas tres asociaciones han interpuesto, el pasado 10 de septiembre, el segundo contencioso administrativo contra el organismo regulador de la educación en Aragón.
El informe detalla un proceso, en el que este se traduce en mayor número de trabas para el acceso a una beca comedor, lo que maquilla unos porcentajes que desde las tres asociaciones consideran que "no significa que se hayan atendido las necesidades, sino que se han restringido considerablemente los requisitos y eso ha hecho que se hayan concedido a todos los que los cumplían, que no a todos los que tenían necesidad".
Sin embargo, lo que motivó que estas tres asociaciones interpusieran el primer contencioso Administrativo, durante el pasado curso, el 24 de Enero de 2014, fue la dotación final que se concedió a los centros públicos y concertados de Aragón en concepto de becas de comedor, que no alcanzó los tres millones de euros, 2.915.196,00 euros, lo que dejó más de un millón de euros sin ejecutar, pues el presupuesto de partida alcanzaba los cuatro millones.
Para el curso que nos ocupa, el presupuesto ya ha sido asignado. En esta ocasión lo que ha motivado el urgente contencioso es la alta cifra de solicitudes denegadas por motivos no económicos, que ha restringido al acceso a estas becas comedor a casi un 30% de las solicitudes, que aún cumpliendo los requisitos económicos, han sido rechazados por defectos de forma o plazo en la presentación.
