La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (FAPAR), integrante de la comisión de Garantías de escolarización de la ciudad de Zaragoza, ha denunciado el cierre de aulas de 3 años en centros públicos durante este mes de septiembre. Según informan, el Departamento de Educación ha clausurado 23 vías, que unidas a las 16 cerradas en abril suponen la pérdida de 39 aulas en la escuela pública, “o incluso más”, debido a aulas congeladas que no se reconocen oficialmente como cerradas.
Los datos de los últimos cinco procesos de escolarización en la capital aragonesa reflejan esta tendencia:
2021-2022: -500 alumnado, 23 cierres en pública, 3 en concertada.
2022-2023: -60 alumnado, 18 cierres en pública, 1 en concertada.
2023-2024: -370 alumnado, 23 cierres en pública, 0 en concertada.
2024-2025: +340 alumnado, 28 cierres en pública, 0 en concertada.
2025-2026: -208 alumnado, 39 cierres en pública, 0 en concertada.
FAPAR subraya que, aunque es consciente del contexto de bajada demográfica, “este no justifica el número de cierres que se están produciendo y mucho menos que se ejecuten exclusivamente en la escuela pública”. La federación denuncia que, con la implantación de la zona única (curso 2024-2025) y los nuevos criterios de escolarización del actual Gobierno (curso 2023-2024), “la pérdida de vías afecta solo a los centros públicos”.
La organización critica que los cierres no se aplican a centros concertados pese a que “hay aulas vacías” en ellos —al menos cuatro en 2023-2024, una en 2024-2025 y tres en 2025-2026— y recuerdan que, en cambio, se amplían conciertos como en el ciclo de Infantil del colegio San Miguel de Casetas.
“Este ataque frontal a la Escuela Pública se suma a los problemas en la escolarización fuera de plazo derivados de la normativa de zona única”, denuncian. Según explican, la norma impide cambios de centro si la distancia entre ambos no supera los cuatro kilómetros, lo que “aboca a familias a gastos inasumibles en transporte, a absentismo escolar, a problemas de conciliación, a dificultades en el paso a secundaria y a desapego del entorno familiar”. Todo ello, apuntan, con especial impacto en alumnado vulnerable, el más afectado por la movilidad de domicilio y más presente en centros públicos.
“La educación es un derecho fundamental que las administraciones deben garantizar a todo el alumnado y el proceso de escolarización no puede ser para unas familias un derecho de libertad de elección de centro y para otras un mero hecho administrativo en el que solo se garantice una plaza escolar”, concluyen desde FAPAR.
