La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón -FAPAR- ha venido denunciando las convocatorias de ayudas de comedor que desde el Departamento de Educación se han publicado en los dos últimos años, por considerarlas “restrictivas, injustas y antisociales, primando el ahorro económico sobre las necesidades de las familias”.
Hace pocos días la consejera Serrat negaba la necesidad de abrir comedores escolares durante el verano en Aragón, desoyendo las voces de diferentes colectivos que le advertían de serios problemas de malnutrición en menores. Posteriormente la Defensora española del Pueblo instaba a otras administraciones a que “arbitrasen medidas para abrir comedores escolares en este periodo”, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad comunicaba a estas administraciones que dispondrían de una partida presupuestaria para atender esta necesidad en verano, en concreto a Aragón se le asignaban 700.000€.
Desde Fapar se recibió “con satisfacción que la consejera Serrat admitiese la necesidad de apertura de comedores escolares y que se coordinase con otras instituciones y Departamentos para ponerlo en marcha, en concreto con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Departamento de Servicios Sociales y Familia de Aragón. Pese a las muchas dudas que nos han asaltado, confiábamos en que las administraciones estudiasen con seriedad y rigor las necesidades y actuasen en consecuencia ante un problema social de primera magnitud que sufren numerosas familias para paliarlas”.
“Sin embargo -explica Flor Miguel, presidenta de Fapar- en estos momentos hemos de lamentar amargamente que nuestras expectativas, y lo que es peor, las de quienes ven con amargura que no pueden dar de comer a sus hijos e hijas, no se van a ver cumplidas.
Lo primero que tenemos que denunciar es la Resolución de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales que regula la apertura de comedores escolares en julio y agosto, porque entendemos que se exigen una serie de requisitos inasumibles, una vez más, por muchas familias”.
Flor Miguel detalla en este sentido que “se exige a las familias que hagan una nueva solicitud (en las Direcciones del IASS) y aporten de nuevo documentación, cuando el primer requisito para solicitar el comedor en verano es que hayan sido agraciados con la ayuda este curso escolar, descartando así, a quienes han tenido la necesidad, pero por distintas razones no han tenido la ayuda. No olvidemos que ha habido muchas familias que no han podido aportar documentación o no tenían la misma precariedad económica en el año 2011, que es la exigida para la ayuda del curso que acaba, que en la actualidad”.
Asimismo, añaden desde Fapar, “no se incluyen los meses de junio y septiembre, que son excluidos también de la convocatoria de ayudas del curso escolar; se entendería que a junio no se pudiera llegar por razones obvias, pero no contemplar el mes de septiembre es ratificar el error acumulado en las convocatorias del Departamento de Educación”.
“Sólo se contempla el comedor de lunes a viernes, sin considerarse otras medidas para fines de semana ni festivos, en los que evidentemente, la necesidad seguirá existiendo. Se excluye a los niños y niñas de la posibilidad de realizar actividades, admitiéndolos en el centro sólo para comer, señalizando su precariedad y agudizando el estigma que supone asumir no disponer de recursos para alimentarlos”, denuncia Fapar.
“Y por si estas trabas no fueran suficientes, el plazo para solicitar la ayuda va del viernes 20 al martes 24 de junio, sin tiempo para informar ni para tramitar la solicitud”, añade Flor Miguel.
Desde Fapar concluyen explicando que también se ha anunciado “la apertura de cinco centros en Zaragoza, uno en Teruel y otro en Uesca. En el caso de Zaragoza y dadas las dimensiones de la ciudad, debería contemplarse el desplazamiento de estos niños y niñas al centro asignado, como debería contemplarse la ayuda para menores, no solo para alumnos de Infantil y Primaria, pues también somos conocedores de adolescente que están pasando hambre. Por todo ello, FAPAR lamenta que una iniciativa que podría haber resuelto el problema de muchas familias, se convierta en una forma de cubrir un expediente, sin tener en cuenta lo verdaderamente importante que es atender la alimentación de los menores y ver cómo se da cobertura social a la propia familia para paliar su necesidad”.
