Los aragoneses Manuel y Antonio Lapeña fueron asesinados por falangistas en el año 1936, debido a sus vinculaciones con el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Ambos hermanos residían en la localidad zaragozana de Villarroya de la Sierra. Tras su fusilamiento fueron enterrados en el barranco de la Bartolina de Calatayud, hasta que sus restos fueron trasladados en 1959, contra la voluntad de sus familiares, a un columbario del Valle de los Caídos.
Manuel era veterinario de la localidad aragonesa de Villaroya de la Sierra. Fundó la CNT en la localidad, sin embargo, en el momento de su muerte no tenía ninguna vinculación con el sindicato. Tras su paso por la cárcel fue fusilado y enterrado en la fosa común situada en el barranco de la Bartolina en Calatayud.
Antonio Lapeña ejercía de herrero y era miembro del sindicato, aunque nunca fue dirigente. Inicialmente consiguió escapar, pero cometió el error de entregarse a las fuerzas franquistas y, tras un paso fugaz por la prisión, fue fusilado y enterrado en un enterramiento colectivo.
Los familiares de los inhumados empezaron un proceso judicial para desenterrar los restos que dio como resultado un Auto del Juzgado número 2 de San Lorenzo de El Escorial que reconocía el derecho a la digna sepultura. El proceso se inició en 2012 por la vía penal y luego prosiguió por la civil en 2014. Recientemente se han llevado una desilusión. Los problemas surgieron cuando Patrimonio Nacional -entidad que gestiona El Valle de los Caídos- solicitaba nuevos informes antes de que se ejecute la resolución judicial. Unas trabas que han estimulado a la presentación de una demanda por parte de los familiares en el Tribunal Supremo contra Patrimonio Nacional.
“La sentencia decía que 'entrega inmediatamente, acceso inmediato” comenta Miguel Ángel Capapé presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO) y marido de María Purificación Lapeña, nieta y sobrina-nieta de Manuel y Antonio. La petición de estos informes supone un retraso en el proceso. Uno de los problemas es que “no dicen cuanto tiempo, no dan plazo, simplemente cuando estén los informes lo comunicaran”, señala Miguel Ángel. Y es que esta petición sin fecha puede suponer que se posponga de una forma indeterminada. “La sentencia decía de entrar a mirar y dependiendo de lo que encontremos haremos una cosa u otra”, comentaba Miguel. Mientras tanto el hijo de Manuel, Manuel Lapeña espera, a sus 91 años, poder enterrar a su padre junto a su madre en el cementerio de Villarroya de la Sierra.
Patrimonio Nacional solicitará un informe al Instituto Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para que se pronuncie sobre la viabilidad técnica del acceso y obras que sean necesarias en el piso tercero de la Cripta del Sepulcro de la Basilícia del Valle de los Caídos, lugar donde todo apunta a que se encuentran allí los restos.
Si el informe del Instituto Torroja establece posibilidad de acceso u obras se solicitará entonces un informe al Consejo Médico Forense como órgano consultivo en materia científico y técnica dentro del ámbito legal y forense para que pueda asesorar sobre el procedimiento adecuado para la localización, identificación y traslado de los restos cadavéricos de acuerdo con el Auto judicial. Pero unos informes que sólo sirven para retrasar el proceso y que se podían haber pedido antes.
Valle de los Caídos
Pablo De Greiff, relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, ha advertido, en un informe sobre la situación de las fosas comunes y los crímenes del franquismo en el Estado español, que el Valle de los Caídos "constituye en sí mismo la exaltación del franquismo". De Greiff propone la resignificación del lugar y la retirada de los restos de Francisco Franco. "Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador", recuerda.
El mausoleo fue construido entre 1940 y 1958 en las cercanías del municipio de San Lorenzo de El Escorial, en la Comunidad de Madrid. Su edificación fue ordenada por el general Franco donde fue enterrado junto con José Antonio Primo de Rivera. Además, en su interior, están sepultados casi 34 000 personas pertenecientes a ambos bandos de la Guerra Civil Española que no están separados sino que están entremezcladas. Durante su edificación participaron muchos presos republicanos. El desconocimiento de estos datos lo denuncia Pablo de Greiff "Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas", sentencia.
