La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha mostrado su rechazo al proyecto de Real Decreto que regula el procedimiento de financiación y fijación de precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), al considerar que la norma "no alcanza adecuadamente" el equilibrio entre garantizar el acceso a la innovación terapéutica y preservar la sostenibilidad financiera del sistema público. La organización sostiene que el texto "refuerza mecanismos de confidencialidad y participación empresarial que reducen la transparencia y debilitan el control público de decisiones que afectan a miles de millones de euros de recursos públicos".
La federación recuerda que el gasto farmacéutico ha aumentado de forma progresiva con la incorporación de nuevos medicamentos a la financiación pública y señala que ya representa "la cuarta parte del gasto sanitario público", lo que, a su juicio, "está poniendo en riesgo la sostenibilidad futura del SNS".
Aunque el propio proyecto de Real Decreto define la prestación farmacéutica como una pieza esencial del derecho a la protección de la salud, la FADSP considera que la regulación propuesta "camina en sentido contrario". En este sentido, defiende que "la transparencia y la capacidad negociadora del Estado no son objetivos incompatibles", ya que entiende que es posible proteger determinadas estrategias de negociación con la industria farmacéutica sin renunciar a "una evaluación científica plenamente independiente y al conocimiento público de los criterios que justifican la financiación de cada medicamento".
La organización sostiene que la prestación farmacéutica debe apoyarse en tres pilares: una evaluación independiente y transparente de los medicamentos y tecnologías sanitarias, un procedimiento de financiación basado en precios justos que garantice el acceso universal y preserve la sostenibilidad del sistema sanitario público, y un seguimiento posterior de los medicamentos para identificar beneficios, efectos adversos y adoptar las decisiones necesarias con la participación de los profesionales del SNS.
A juicio de la FADSP, el proyecto de Real Decreto introduce "mecanismos propios de la lógica de mercado" que otorgan un mayor protagonismo a la competencia empresarial y a la negociación económica. Aunque reconoce que la negociación con la industria farmacéutica es inevitable, sostiene que "el interés público debe seguir siendo el elemento rector de toda la política farmacéutica y no quedar subordinado a criterios comerciales". Asimismo, discrepa de que la "consolidación de la competencia empresarial" pueda considerarse uno de los instrumentos esenciales para garantizar la sostenibilidad de la prestación farmacéutica pública.
La federación vincula además esta valoración con el contenido del Real Decreto 415/2026, que regula la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), ya que sus informes servirán de base, junto con la documentación presentada por los laboratorios, para que el Grupo de Adopción de Medicamentos decida sobre la inclusión o exclusión de un fármaco en la financiación pública del SNS.
En este contexto, la FADSP insiste en que "la necesidad de negociar con la industria farmacéutica no puede convertirse en una justificación para reducir la transparencia" y advierte de que "una cosa es proteger una negociación y otra muy distinta consolidar un modelo en el que resulte cada vez más difícil conocer cómo se toman decisiones que comprometen miles de millones de euros de dinero público".
La organización critica que el Real Decreto 415/2026 "blinda la confidencialidad y el control de las evaluación de tecnologías sanitarias por parte de la empresa comercializadora". Entre otros aspectos, cuestiona que las evaluaciones se basen fundamentalmente en los ensayos promovidos por la empresa desarrolladora, que no puedan contener juicios sobre la adopción o el precio de las tecnologías sanitarias, que no se permitan nuevas evaluaciones de medicamentos ya aprobados en Europa, que las consultas científicas solicitadas por las empresas permanezcan confidenciales y que las actas públicas eliminen los aspectos considerados confidenciales.
Respecto al proyecto de Real Decreto sobre financiación y fijación de precios, la FADSP señala que las decisiones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP) se apoyarán en los informes de evaluación de tecnologías sanitarias, en la documentación presentada por las empresas y en los informes del Grupo de Adopción de Medicamentos. La federación considera que estos procedimientos tampoco garantizan una mayor transparencia o independencia, ya que prevén la protección de los secretos comerciales, la posibilidad de audiencia con las empresas desarrolladoras, la generación posterior de evidencia por parte de estas utilizando registros de pacientes y sistemas de información del SNS, así como la posibilidad de revisar decisiones previas cuando concurran nuevas circunstancias.
La FADSP afirma que le "sorprende" que el proyecto de Real Decreto "abunda una y otra vez en el secretismo de las empresas farmacéuticas", de forma que la información económica o comercial obtenida durante el procedimiento tenga carácter confidencial para proteger los intereses empresariales.
Por todo ello, la federación asegura que no puede apoyar ni el proyecto de Real Decreto que regula el procedimiento de financiación y fijación de precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud ni el Real Decreto 415/2026 sobre evaluación de tecnologías sanitarias, en el que se basarán las decisiones de los Grupos de Adopción de Medicamentos.
Finalmente, la organización considera que el Ministerio de Sanidad "pierde una gran oportunidad para incrementar la transparencia" mediante la evaluación continuada de medicamentos y tecnologías sanitarias con la colaboración de los profesionales del SNS y para reforzar la investigación sanitaria pública. A su juicio, el nuevo marco normativo "refuerza una forma de entender la política farmacéutica en la que la industria gana capacidad de influencia y la Administración pierde margen para garantizar un control plenamente independiente de decisiones que afectan a miles de millones de euros de recursos públicos". Asimismo, concluye que "la política farmacéutica debería servir para reforzar la capacidad del sistema público, no para aumentar la posición negociadora de quienes ya concentran un enorme poder económico y tecnológico".
