Al ritmo de una cacerolada frente a la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de la DGA en Zaragoza, este pasado jueves, un nutrido grupo de profesionales del sector de “Reforma y Protección” de menores pedían al Gobierno de Aragón “que aumente la dotación económica para que la atención a los menores sea de calidad”.
La Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma Juvenil y Protección de Menores reclama “un acuerdo que revierta la precarización e introduzca mejoras en materia de salud, salario, jornada y organización del trabajo en Aragón”, y explicaban que sus salarios “están congelados desde 2019” y esto, obviamente, supone “una bajada salarial progresiva respecto al nivel de vida”.
Los sindicatos UGT, CCOO y CGT, integrantes de la plataforma, habían convocado la jornada de huelga y las concentraciones reivindicativas “ante la negativa a asumir compromisos reales por parte de las principales patronales y entidades gestoras”.
Con el lema ‘Vuestro negocio, nuestra miseria’, cerca de 600 profesionales de centros de menores y recursos residenciales de Aragón estaban llamados a la huelga de este pasado jueves, “en defensa de un convenio aragonés digno para el sector de reforma y protección de menores en Aragón”.
También en las ciudades de Uesca y Teruel se produjeron concentraciones de profesionales, y ciudadanía en general apoyando sus reivindicaciones. En Teruel un grupo más pequeño pero representativo, explicaba que lanzan “un grito de urgencia ante un sistema al borde del colapso”, y en Uesca, una veintena de personas se concentraba frente a la delegación del IASS “para denunciar la situación de desprotección y abandono”.
Bloqueo de la patronal y desinterés del Gobierno de Aragón
También este pasado jueves, al tiempo que se celebraban las concentraciones por la jornada de huelga, el Gobierno de Aragón, por boca de su consejera de Servicios Sociales, Carmen Susín, aseguraba en un acto de inauguración de nuevas viviendas en el centro Manuel Artero en Uesca, que “el Gobierno de Aragón respeta la libertad sindical y las reclamaciones de los trabajadores. Pedían una mesa tripartita pero yo misma les dije que el gobierno no iba a interferir en las relaciones laborales entre los trabajadores y las empresas”, es decir, que eludiendo su responsabilidad delegan en el ‘buen hacer’ de las empresas y entidades a las que la propia DGA ha externalizado (privatizado) el servicio, las mejoras reclamadas por la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma Juvenil y Protección de Menores.
Pero, a su vez, las patronales siguen bloqueando ese futuro convenio y se despachan con un “no subiremos los salarios si la DGA no nos financia mejor”. En medio de la pugna económica entre Gobierno de Aragón y empresas, los trabajadores, trabajadoras, y sobre todo, la infancia y juventud ‘en riesgo’ sufren las consecuencias de mercantilizar servicios públicos esenciales para una sociedad democrática sana.
