Izquierda Unida ha exigido, junto al comité de empresa del transporte sanitario programado de Aragón, soluciones a la “situación de precariedad y abuso” que padece la plantilla de este servicio público esencial al estar externalizado “y estar sometidos a los continuos incumplimientos por parte de las empresas adjudicatarias de los convenios y por parte del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero”.
El coordinador general y portavoz parlamentario de la formación, Álvaro Sanz, comparecía en rueda de prensa, en las Cortes de Aragón, junto al presidente del del comité de empresa del servicio, Luis Casabona.
Cabe recordar que el servicio se encuentra en un proceso de licitación que está finalizando. Comenzó el 2 de septiembre de 2024 cuando se autorizó la licitación del nuevo contrato del transporte sanitario no urgente por carretera en Aragón. El coste anunciado de la licitación ascendía a 57.832.291 millones de euros por cuatro años, prorrogables dos años más. Según Sanz, esto supone “un coste en licitación de cinco millones, más o menos, menor al anunciado inicialmente que era de 62,6 millones”. Uno de los puntos críticos de esta licitación, precisamente era “cómo resolver la situación que sufrían las y los trabajadores que tienen paralizado el convenio desde el 2018 y están cobrando muy por debajo de lo que deberían de percibir”.
Una de las cuestiones críticas estaba en los costes laborales y, en ese sentido, el diputado de IU ha recordado que Bancalero anunció “orgulloso que iba a resolver este problema con un incremento de la parte destinada a salarios en este contrato, estimando una subida para coste salarial inicial de un 12% que tenía en cuenta los incrementos del IPC acumulados desde 2029 a 2023”.
Sin embargo, “hemos conocido que la empresa con más puntuación propone un incremento del 0,75 % de los salarios, cifra muy lejana al 20 % de pérdida de masa salarial que las y los trabajadores han denunciado estos años y en los que, por culpa de la administración, también se bloquea el convenio”, ha denunciado Sanz para calificar este asunto como “vergonzoso” y recordar que su formación política y social ya denunció que incrementar el pliego “para cuestiones laborales exigía otro tipo de cuestiones que no se iban a garantizar con esta fórmula que no resuelve la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras”.
“Parece ser que la mejor oferta ha sido de la empresa con más vehículos, hasta 130, con un período inferior de incorporación, un mes”, algo que Izquierda Unida duda que vaya a suceder, porque la empresa pagará “gustosa las penalizaciones mientras se lleva, como pasa también con el transporte sanitario urgente, el dinero que debería ir a los trabajadores se lo queda”, enfatizan.
El portavoz de Izquierda Unida ha insistido en la preocupación que genera esta situación que es “la misma que atraviesa el transporte sanitario urgente, donde la empresa gestora no está destinando a salarios 600.000 euros al mes que deberían ir a las nóminas de la plantilla. Este es el resultado de las políticas de externalización de servicios públicos esenciales”, ha reiterado para criticar la falta de acción del Gobierno de Aragón que favorece con sus políticas “la precariedad a la que se ve abocado el servicio y demuestra la incapacidad de la administración para obligar a una empresa” a reconocer las condiciones laborales con las que se estimó el precio del concurso público del servicio.
Por ello, Izquierda Unida exige al ejecutivo aragonés “un proceso de reversión de la privatización y externalización de los servicios públicos que ahora mismo están en manos privadas, y que están perpetrando estos niveles de precariedad”. En este sentido, Sanz ha anunciado que han registrado varias preguntas y la paetición de comparecencia del consejero de Sanidad de la DGA, José Luis Bancalero “para que dé cuenta del resultado del anuncio que hizo de que iba resolver todos los problemas y, lejos de resolverlos, mucho nos tememos que los va a agudizar y los va a incrementar”.
Por su parte, Luis Casabona ha denunciado que siguen en huelga indefinida desde hace dos años con el convenio paralizado, en el cual ya anteriormente se les prometió “que la nueva adjudicataria que venía por aquel entonces, Ambulancias Tenorio, iba a solucionar el problema”.
Las empresas licitadoras que han venido a concursar pueden puntuar dentro de esos pliegos de una manera determinada, ofreciendo mejores medios técnicos y, por lo tanto, “adquirir una puntuación más elevada, dejando en los mínimos la subida salarial, que es del 0'75%”, ha subrayado para dar visibilidad a la realidad de las y los trabajadores de este servicio. “Yo quiero dar un dato, un camillero o camillera que trabaja en el transporte sanitario en estos momentos cobra 950 euros mensuales” ha aseverado, para advertir que este servicio perderá a sus trabajadores porque “algunos deben tener dos trabajos para llegar a fin de mes”.
Por ello, los comités de empresa se ven obligados a denunciar hasta ante la inspección laboral esta situación “porque no se llega al Salario Mínimo Interprofesional”. Para Casabona el futuro es “desolador” porque “desde el Departamento de Sanidad se nos vendió que esta solución paliaría el problema y obligaría también al transporte urgente, en este caso Ambulancias Tenorio, a ser arrastrado a la negociación colectiva. Pero nos tememos que la nueva empresa adjudicataria pactará con Tenorio porque ninguna quiere subir un euro y la jugada habrá sido maestra”, se lamenta.
Desde el comité de empresa anuncian “movilizaciones y que se recrudezca la huelga”, y reclaman a Bancalero “acciones rápidas obligando a las empresas que vienen aquí a licitar a coste cero y a especular con la salud y el salario de los trabajadores”.
