CHA registrará iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón para exigir a la DGA liderada por Jorge Azcón que concrete “el alcance de la denominada ‘prioridad nacional’ incluida en el pacto del PP y Vox” y acredite “su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea”.
La respuesta de la Comisión Europea a una pregunta del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà establece “límites jurídicos relevantes para estas políticas, especialmente cuando se pretende condicionar el acceso a prestaciones sociales o a la vivienda mediante requisitos de residencia que puedan vulnerar la igualdad de trato”.
Para CHA, Azcón debe aclarar “si el compromiso suscrito con Vox puede traducirse en restricciones efectivas” y cómo evitará que estas “resulten contrarias a la normativa comunitaria”. Vicent Marzà trasladó esta cuestión al Parlamento Europeo en el marco de la colaboración que mantiene con CHA para impulsar iniciativas en las instituciones comunitarias.
En su respuesta, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, remite al artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE, que reconoce a las “personas nacionales de terceros países con estatuto de residente de larga duración” la igualdad de trato con los nacionales en materias como la seguridad social, la asistencia y la protección social, así como en los procedimientos de acceso a la vivienda.
Asimismo, la Comisión Europea recuerda que “no pueden imponerse unilateralmente requisitos de residencia superiores al periodo de cinco años previsto en ese marco normativo”. La respuesta también alude a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre discriminación indirecta cuando un criterio aparentemente neutral perjudica especialmente a determinados colectivos “sin una justificación objetiva y proporcionada”.
CHA subraya que estas garantías “no equivalen a una prohibición general de cualquier criterio de arraigo territorial, ni implican que todas las medidas de prioridad nacional sean automáticamente ilegales”.
“El análisis jurídico depende del colectivo afectado, de la prestación o recurso público de que se trate, de los requisitos concretos que se establezcan y de su justificación y proporcionalidad”, subrayan.
Sin embargo, desde CHA recalcan que “la Comisión Europea indica expresamente que todavía no se pronuncia sobre el proyecto normativo aragonés porque no ha sido aprobado y que seguirá su evolución para velar por el cumplimiento del Derecho de la Unión”.
La formación aragonesista asegura que “PP y Vox no pueden utilizar la expresión ‘prioridad nacional’ como un cheque en blanco para establecer condiciones que vulneren derechos reconocidos por la legislación europea”. “Si quieren convertir ese compromiso político en normas concretas, tendrán que demostrar que respetan las obligaciones comunitarias”, advierte Mary Carmen Bozal.
Por todo ello, CHA preguntará al Ejecutivo aragonés “qué disposiciones concretas prevé aprobar para desarrollar este compromiso, si contempla introducir requisitos adicionales de residencia o empadronamiento en el acceso a la vivienda protegida y a las prestaciones sociales y qué informes jurídicos respaldan las medidas previstas”.
Finalmente, CHA también exigirá a la DGA lidera por Azcón, conocer “qué mecanismos de evaluación y control se aplicarán para prevenir posibles situaciones de discriminación directa o indirecta. Queremos respuestas precisas, no propaganda: qué van a cambiar, a quién afectará y con qué fundamento jurídico. La prioridad política del PP y Vox no puede prevalecer sobre las obligaciones legales de Aragón. Si sus medidas vulneran el Derecho europeo, deberán modificarlas”, concluye Bozal.
