El Gobierno de Estados Unidos ha dado un nuevo paso en su estrategia de asfixia económica contra Cuba al firmar Donald Trump una orden ejecutiva que califica a la isla como una supuesta “amenaza para la seguridad nacional” y habilita la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo o combustibles al país caribeño. La medida, de carácter extraterritorial, endurece aún más el bloqueo económico y sitúa el acceso a la energía en el centro de una ofensiva que organizaciones sociales y de defensa delos derechos humanos califican de “castigo colectivo contra la población cubana”.
La orden, presentada por Washington como una actualización de su marco de sanciones, justifica el recrudecimiento del bloqueo en las alianzas internacionales de Cuba y en acusaciones genéricas de apoyo a actores hostiles, sin aportar pruebas concretas que sustenten una amenaza real. A cambio, el ejecutivo estadounidense plantea una eventual reducción de sanciones únicamente si La Habana modifica su comportamiento conforme a criterios fijados de manera unilateral por los Estados Unidos trumpistas.
El combustible como arma de la política de guerra gringa
Cuba depende en gran medida del combustible importado para sostener su sistema eléctrico, el transporte público, la industria, los servicios sanitarios y educativos. La nueva ofensiva estadounidense apunta directamente a ese punto crítico: penalizar a cualquier Estado que colabore en el suministro energético de la isla, incluso si no mantiene relaciones de confrontación con Washington.
El impacto de esta política no es abstracto ni diplomático. Se traduce en apagones de hasta 20 horas, en alimentos que se echan a perder por falta de refrigeración, en el miedo cotidiano de familias que necesitan conservar medicamentos esenciales, en hospitales, escuelas y fábricas funcionando de manera intermitente o directamente paralizados. Todo ello configura una crisis que afecta de lleno a la vida diaria del pueblo cubano.
Una escalada que golpea a la población civil
Lejos de dirigirse contra élites políticas, la presión económica se ceba en la población civil, en un contexto ya marcado por dificultades económicas, inflación, escasez y deterioro de infraestructuras. Desde el movimiento de solidaridad internacional se advierte de que el bloqueo petrolero total empuja a Cuba hacia una situación límite, con consecuencias humanitarias graves y previsibles.
Para numerosas organizaciones, esta estrategia constituye “una forma de castigo colectivo” prohibido por el derecho internacional, y un experimento de aniquilación económica que podría sentar precedentes peligrosos para otros países que no se alineen con los intereses geopolíticos de Washington y Trump.
Condena desde Aragón y llamado a la movilización
La Asociación Camilo Cienfuegos Cuba-Aragón ha condenado “en los términos más firmes” esta nueva escalada del gobierno estadounidense, denunciando que “se trata de un ataque directo contra la soberanía de Cuba y contra el derecho de su pueblo a una vida digna”.
Desde la entidad recuerdan que las consecuencias del bloqueo no son cifras ni informes “sino experiencias cotidianas: la ausencia de transporte público, el colapso de servicios esenciales y la angustia de miles de familias”. En su comunicado, la asociación cubano-aragonesa califica el bloqueo petrolero como “un acto de violencia estructural que podría encajar en la definición de genocidio económico”, al privar deliberadamente a una población de los medios básicos para su supervivencia.
En este contexto, la Asociación Camilo Cienfuegos Cuba-Aragón ha expresado su “solidaridad inequívoca con el pueblo cubano” y ha reiterado su exigencia del “fin inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos”.
Como respuesta política y social, el movimiento solidario ha convocado una manifestación en Zaragoza bajo el lema “Abajo el imperialismo y sus lacayos”, llamando a la participación activa para denunciar “el recrudecimiento del bloqueo y visibilizar sus consecuencias humanas”. La movilización se plantea como una denuncia pública de una política que “lejos de promover derechos humanos, los vulnera de forma sistemática”.
