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Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes son imputadas por la financiación irregular del Partido Popular de Madrid

Desde 2003 y al menos hasta 2011, la formación política utilizaba dinero público para pagar sus deudas, aumentar la ‘caja B’ y sufragar actos de campaña. Además de las dos expresidentas, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado al también expresidente, Ignacio González, a la empresa Indra y a su expresidente, Javier Monzón.
| 3 septiembre, 2019 18.09
Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes son imputadas por la financiación irregular del Partido Popular de Madrid
Foto: D. Sinova (CC)

Este lunes, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado finalmente a las expresidentas del territorio de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, por la presunta financiación irregular del Partido Popular madrileño, investigación que se enmarca en el ‘caso Púnica’, según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

En medio de un intenso calendario de citaciones que abarcan desde el 9 de septiembre hasta el 18 de octubre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha llamado a declarar a Cristina Cifuentes el día 1 de octubre y a Esperanza Aguirre el 18 del mismo mes. Los informes de la Guardia Civil aportan indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas como Indra o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam.

Por su parte, el expresidente, Ignacio González, ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del partido, en el marco del ‘caso Lezo’, y tras la unión de las piezas de ambas causas sobre la contabilidad B, el juez ha decidido también citarle a declarar el 17 de octubre.

De esta forma, el magistrado atiende así a la petición que le había formulado hace justo un mes la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba la imputación del expresidente y las dos expresidentas en esta pieza de ‘Púnica’, así como de otra treintena de personas entre las que se encuentran los exconsejeros madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, que están citados el 14 de octubre.

Por su parte, el expresidente de Indra, Javier Monzón, y la propia empresa en calidad de persona jurídica también han sido citados como investigados, como pedía Anticorrupción, concretamente el 4 de octubre, según el listado de la providencia.

El juez García Castellón ha convocado igualmente al exdiputado de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, que declarará el 1 de octubre como Cristina Cifuentes, y al exdirector de la Agencia Informática y de Comunicación de la Comunidad (ICM), Silvano Corujo, el día 18 de dicho mes.

Con un calendario que incluye a un total de 43 personas, el magistrado relanza así la investigación del ‘caso Púnica’ y, concretamente, de la pieza que indaga en si el PP que presidió Esperanza Aguirre se financió ilegalmente en varias campañas electorales.

El Partido Popular utilizaba dinero público para pagar sus deudas, aumentar la ‘caja B’ y sufragar actos de campaña

Tal y como detalla en su auto el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, desde 2003 y al menos hasta 2011, el Partido Popular de Madrid –de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes- elaboró un “plan preconcebido” a través de licitaciones ‘a dedo’ en contratos de imagen y publicidad, sobrecostes en contratos públicos y facturas falsas para utilizar fondos públicos para pagar deudas, aumentar una supuesta ‘caja B’ y sufragar actos de campaña. Por ello ha imputado a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, e investiga, entre otros, presuntos delitos de malversación, cohecho, fraude, falsedad electoral y prevaricación.

Concretamente, el juez investiga “el desvío de caudales públicos para financiar campañas electorales, así como la entrega de comisiones y dádivas prometidas a una red de empresas de confianza, las cuales no fueron satisfechas a costa de sus márgenes comerciales, sino, indiciariamente, a cargo de los contratos públicos de diversos entes públicos al que giran facturas que no se corresponden con trabajos reales por reformados y trabajos complementarios o confecciona bajo nombre supuesto dictámenes superfluos y de favor”.

Según el auto del magistrado todo comienza en la campaña de 2003, año en el que el Partido Popular accede al Gobierno de Madrid. En aquel momento, sus dirigentes “fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las Consejerías”, y adjudicar “en connivencia con determinados proveedores de confianza la licitación de determinados contratos de suministros”.

Aquello se centralizó, según el auto, con las empresas de Horacio Mercado -investigado en la causa–. Él entró definitivamente en el sistema en 2004, cuando en una reunión a la que se presume que asistió Esperanza Aguirre, fue introducido al resto de consejeros con la instrucción de que las campañas de publicidad y comunicación se contratasen con él bajo “decisión final” del vicepresidente, que era entonces Ignacio González y con “supervisión” de la presidenta, pues todo “pivotaba” en torno a ella.

“Otros planes ilícitos”

La investigación arroja “indicios racionales de la existencia de otros planes ilícitos”, posteriores a la reunión del año 2004, dirigidos “a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP de Madrid, de sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales” de las campañas territoriales de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008.

Lo hicieron, de acuerdo al relato de los hechos que recoge el juez, utilizando como herramientas la fundación Fundescam -mediante subvenciones– y las empresas públicas Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y Canal de Isabel II, “a través de la adjudicación de contratos con la prestación simulada o sobrevalorada”, así como la Dirección General de Medios que dependía de Vicepresidencia.

El ‘modus operandi’ era el mismo en todas las consejerías involucradas. Por un lado, se amañaba la adjudicación de contratos públicos de publicidad e información, sin concurso ni concurrencia a empresas de Horario Mercado desde cualquier organismo. Los servicios sólo se prestaban a veces y sólo en parte “para disimular el verdadero objeto de la licitación de cobertura, que no era otro que recaudar, ilícitamente, fondos públicos para el PP”.

Con esta “cobertura”, el empresario confeccionaba las facturas, ya fuera recogiendo servicios no prestados o inflando el precio. Este sería el caso de las Consejerías de Presidencia, Mujer, Economía, Medio Ambiente, Hacienda, Economía e Innovación Tecnológica, el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), Gestión de Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), Áreas de Promoción Empresarial (ARPEGIO) y Campus de la Justicia.

Claúsula del 1%

Otra vía era la llamada cláusula del 1%, creada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la Comunidad, de la que formaban parte Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco González y Manuel Lamela, entre otros, y que obligaba a las adjudicatarias a asumir un sobrecoste para financiar la publicidad de la obra a concurso, encareciéndolo al final.

“Todos ellos conocían que era una cláusula nula que incrementaba el precio de cada uno de los contratos en el porcentaje del 1% del presupuesto de ejecución material, con la finalidad de pagar unas prestaciones (gastos de publicidad e información) ajenas al objeto del contrato”, subraya el juez, que sitúa el daño para las arcas públicas en más de cinco millones de euros sólo entre 2006 y 2008.

De acuerdo al escrito del juez, el plan “gestado por los altos cargos” de la Presidencia de Madrid desvió entre 2005 y 2010 “importantes cantidades” de las Consejerías y entidades públicas implicadas a las cuentas bancarias de Horacio Mercado, pero “la investigación ha podido constatar que el dinero desviado no sería ingresado en las cuentas de funcionamiento del PP de Madrid, ni tampoco en las cuentas electorales” y dice que “podría tener” varios destinos.

Financiación de campañas electorales

En lo que respecta a la financiación de campañas, dice el juez, el PP de Madrid no sólo recurrió a fondos ilícitamente obtenidos, sino que ignoró el límite legal establecido para gastos electorales. “Pese a conocer las cantidades actualizadas del límite de gastos de las elecciones del año 2007 y 2011 a la Asamblea de Madrid y a las elecciones generales del año 2008, no ajustaron con los empresarios ni el coste total de los servicios contratados para la celebración de los actos, ni repararon en el gasto de la contratación de publicidad exterior, ni limitaron la compra de propaganda en medios, ni restringieron la contratación de los medios de divulgación de la campaña, sino muy al contrario, concertaron y diseñaron con ellos la mejor campaña y su gran difusión pública y la forma de ocultar el gasto para ajustarlo al límite legal”, explica el auto.

Así, los proveedores facturaban a quien se les indicaba desde la Gerencia del partido, “desglosando los importes” en facturas falsas “para que parte de la facturación fuera por el circuito declarado a la Cámara o al Tribunal de Cuentas y otra parte fuera opaca”.

Según la investigación, hay “indicios racionales” de que Aguirre “ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus Consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad”. “Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como Presidenta”, dice el auto.

3 septiembre, 2019

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