Ecologistas en Acción, la red Gas No Es Solución y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente han presentado alegaciones al proyecto de exploración e investigación de hidrógeno y helio en Monzón, al considerarlo “fuera de la legalidad”, e instan al Gobierno de Aragón a que retire la declaración de “inversión de interés autonómico a un proyecto que no tiene un permiso legal”.
En el término municipal de Monzón -Cinca Meya-, la empresa Helios Aragón Exploration S.L., está promoviendo un “Proyecto de investigación exploratoria de reservas de hidrógeno”. La capital comarcal, como el resto de municipios aragoneses, acaba de renovar su corporación municipal y reelegido como alcalde a Isaac Claver Ortigosa -PP-, abogado que trabajó durante algunos años en los despachos Cautrecasas y Garrigues, y que también se estrena como presidente de la Diputación de Uesca.
Se define como hidrógeno ‘dorado’, ‘blanco’ o ‘natural’, al hidrógeno que se encuentra en forma H₂ en el subsuelo, procedente de procesos geológicos. Actualmente, este tipo de yacimientos no disponen de referentes ni en Aragón, ni en el Estado español, ni en el continente europeo. De hecho, el único referente cercano a estar a nivel comercial en todo el mundo sería un caso en Mali en el yacimiento de Bourakébougou.
Este tipo de proyectos ni siquiera aparecen mencionados como posibilidad en la descripción de la cadena de valor en la Hoja de Ruta del Hidrógeno del 2020 del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ni en el reciente borrador de la actualización del Plan Integrado de Energía y Clima.
Por todo ello, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Ecologistas en Acción y la red Gas No Es Solución han presentado alegaciones a la tramitación de evaluación de impacto ambiental simplificada “considerando al proyecto desde el inicio fuera de la legalidad. Pues el proyecto de investigación exploratoria de reservas de hidrógeno en Monzón se basa en un permiso de investigación de hidrocarburos que la empresa recibió en 2020”, recuerdan estas entidades, y señalan que “de tramitarse bajo la ley de hidrocarburos esta exploración sería ilegal, ya que la Ley de Cambio climático prohíbe nuevas exploraciones. Por otro lado el hidrógeno no es un hidrocarburo, por ello el Gobierno de Aragón quiere que se tramite como recurso geológico en lugar de esperar a que se desarrolle una normativa concreta”.
Las organizaciones ambientales muestran su preocupación dado que la tramitación “se está realizando de forma que el proyecto se sometería a una evaluación de impacto ambiental simplificada, cuando se trata de un proyecto novedoso del que no se conocen las repercusiones directas que puede tener en la población cercana ni para el medio ambiente”. Por ello, consideran que “se debe aplicar el principio de precaución y seguir con rigurosidad las normativas ambientales y por tanto someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, que ofrece más garantías de control ambiental”.
Subrayan que las actividades que se realizan para la exploración “causan impactos ambientales pues se utiliza maquinaria pesada que invade espacios naturales y los sondeos a gran profundidad pueden afectar a los manantiales de agua”. También reclaman a los promotores y al Gobierno de Aragón que informen a la población de los impactos que se podrían generar por este proyecto.
El Gobierno de Aragón, que ha declarado inversión de interés autonómico al proyecto “está intentando tramitarlo bajo la Ley de Minas, en este caso el proyecto estaría fuera de la legalidad, ya que la empresa no cuenta con los permisos de exploración requeridos”.
Desde la Red Gas No Es Solución, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente y Ecologistas en Acción, se insiste en que “no hay justificación para, en este caso, generar trámites de urgencia y reducir los plazos establecidos, máxime viendo el cronograma presentado por los propios promotores, que proyectan la posibilidad de explotarlo en 2028, ya que puede afectar a la calidad de la realización de las Evaluaciones de Impacto Ambiental asociadas, así como de los trámites de audiencia pública”, por lo que instan al Gobierno de Aragón “a retirar la declaración de inversión de interés autonómico”.
