EQUO reivindica un cambio de las políticas de gestión del agua

La formación verde identifica cinco principales problemas en la gestión de este bien básico: la sequía, la política de trasvases, el vertido y tratamiento de las aguas residuales, la política de privatizaciones y el cumplimiento de la Ley de Aguas.

Sequía agua

EQUO denuncia que el recurso del agua en el Estado español se está viendo “mermado” debido a una serie de factores como “las políticas hidráulicas ineficaces del Partido Popular”, el cambio climático, “la privatización de la gestión o los trasvases”. Sólo a consecuencia del cambio climático, los recursos hídricos disponibles se han reducido un 20% en los últimos 25 años, y desde el partido verde consideran que es necesario replantear un “cambio inmediato” en las políticas.

Para la formación, “el documento filtrado sobre un posible pacto del agua, es una muestra más de la insistencia del PP en políticas fracasadas”. Para el coportavoz de EQUO, Juantxo López de Uralde, “las políticas que propone el PP volviendo a insistir en los trasvases son un error y una vuelta al pasado que ya parecía superado”. “Los trasvases no resuelven la creciente escasez de agua: la difícil situación actual del Tajo Segura es un buen ejemplo. Las políticas de aguas deben basarse en una mejor utilización de un recurso cada vez más escaso. Se trata de gestionar la demanda, ante una oferta que no puede ampliarse”, asevera Uralde.

Desde EQUO Aragón afirman ser conocedores de lo que implica en este territorio cualquier referencia a trasvases, “nunca será apoyado este tipo de políticas por la población, así como el perjuicio que implica para los caudales ecológicos que aguas abajo son necesarios para mantener el equilibrio del río Ebro”.

Para la también coportavoz, Marta Santos, resulta “importante no repetir la falta de consenso que se dio durante el Gobierno de Aznar en materia de gestión del agua; pero también es importante afrontar los verdaderos problemas que tenemos”.

“El PP vuelve a insistir, con una falta terrible de entendimiento, en un modelo de aumento de infraestructuras. Poco oímos hablar al gobierno de eficiencia en los riegos para economizar agua, o hasta dónde se puede permitir el aumento del regadío en la agricultura. Bajo nuestro punto de vista, el apoyo del gobierno a la agricultura industrial, intensiva en consumo de agua, es el verdadero problema”, advierte.

Igualmente, la formación política señala, entre otros, “cinco problemas urgentes” a los que se debe hacer frente para mejorar la salud de los ríos y garantizar el acceso al agua: la sequía, la política de trasvases, el vertido y tratamiento de las aguas residuales, la política de privatizaciones y el cumplimiento de la Ley de Aguas.

“En Aragón, la ampliación de regadíos y sus infraestructuras (Almudévar, Yesa) va a suponer una hipoteca millonaria que resultará difícil de pagar, además de trasmitir la cultura de la abundancia de agua, que con el cambio climático sabemos que no se va a dar”, argumentan.

La propuesta filtrada incluye el establecimiento de un “tributo ambiental” para incluir los costes ecológicos del agua. Sin embargo, según ha denunciado EQUO en numerosas ocasiones, “desde el Ejecutivo se ha incumplido reiteradamente la Ley de Aguas al no destinar el canon que se recauda de las hidroeléctricas a la protección y mejora de los cauces de los ríos”. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo asumió el error; sin embargo no explicó dónde han ido a parar los 133.734.583,65 millones de euros que deberían haberse destinado al objetivo de protección de los ríos.

EQUO Aragón está “apoyando” a los movimientos y formaciones políticas que en el territorio están luchando para que el beneficio económico se reinvierta en las zonas afectadas por dichas instalaciones, así como reivindicaciones para la limpieza de los ríos contaminados por lindando y otras sustancias peligrosas.

“No sabemos muy bien a que se destinaría este impuesto, que parece meramente recaudatorio, ya que el Gobierno ni siquiera destina los impuestos que actualmente recauda a la mejora de nuestros ríos tal como establece la Ley de Aguas”, ha declarado López de Uralde.

Por otra parte, y según sostienen desde EQUO, “el impacto del cambio climático y la sequía provoca un estrés en los recursos hídricos, que se ve agravado por el modelo de agricultura y  la política de trasvases que se viene manteniendo en los últimos años”.

El realizado desde la cabecera del Tajo hacia el Levante realizado el pasado mes de septiembre se produjo mientras los embalses de Entrepeñas y Buendía se situaban por debajo del 10% de su capacidad, algo que podría ser “ilegal”, según denunció EQUO en el Congreso español. En opinión de la formación política resulta “clave” impulsar medidas para afrontar el cambio climático y su estrecha relación con los problemas de sequía que afectan al Estado español, “algo que no aparece recogido en el documento filtrado”.

A todo esto hay que añadir los expedientes abiertos por Bruselas debido a la mala depuración de las aguas residuales y que enfrenta al Estado español a multas por valor de casi 50 millones de euros. Sin embargo desde EQUO creen que no se da ninguna prioridad a este grave problema porque “no hay ni voluntad política, ni una previsión de inversión en estas infraestructuras”.

Los expedientes abiertos no son una novedad, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) multó al Estado español con 46,5 millones de euros por incumplir la normativa comunitaria de aguas residuales para poblaciones de más de 10.000 habitantes.

Desde EQUO Aragón están colaborando con la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) y sus demandas contra el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), que a pesar de su nombre, “su mayor objetivo es pagar las instalaciones, en muchos casos, sobredimensionadas de la época de los pelotazos urbanísticos”.

Por último, EQUO denuncia que “la privatización del agua pública ha ido en detrimento de garantizar este derecho a la ciudadanía y solo ha servido, como en el caso del Canal de Isabel II, como tapaderas para la corrupción”. En este sentido reclaman que se puedan revertir estas políticas, tal como hizo Valladolid, el año pasado y esperan que se pueda llevar a cabo en Zaragoza.

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