El conflicto laboral que se vive en el Servicio de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza sigue sin resolverse tras más de 200 días. Una situación que vuelve a dejar en evidencia al Gobierno municipal de Natalia Chueca (PP). AraInfo ha conversado con el portavoz del comité de huelga.
¿Cuál es la situación a día de hoy?
El 15 de enero cesaron 18 personas, lo que torna la situación en peor que cuando se inició la huelga. Al ser los servicios mínimos dictados del 100% de los servicios mínimos necesarios para la apertura, la ciudadanía no percibe que exista una situación de huelga. Aunque no se perciba por el ciudadano, lo que implica la convocatoria de huelga, es que la alcaldesa debe negociar los términos que contiene su convocatoria y alcanzar un acuerdo. El desprecio hacia la negociación colectiva que ya se percibe en el hecho de que esté citada al SAMA por no negociar el convenio colectivo ya indica claramente cuál es su disposición hacia la representación de las trabajadoras.
¿Es entonces un fracaso la huelga?
No. En absoluto. La huelga abre una situación en la que la negociación es obligatoria y la necesidad de alcanzar acuerdo también. Y esto no ocurre porque la huelga tenga o no seguimiento, cosa que no es posible por los servicios mínimos abusivos impuestos, sino porque existe mala fe negocial por parte del Ayuntamiento. Se han usado todo tipo de artimañas para boicotear de hecho el derecho a huelga con el fin de crear desánimo y que la huelga se desconvocase. Incluso existió la situación de que se difundiese que se podría impedir que las personas fuesen a hacer los exámenes de sus oposiciones para crear un ambiente contrario a la huelga. El comité de huelga estuvo a la altura y desconvocó la huelga durante esas jornadas para evitar la situación de estrés entre las personas opositoras que albergaban la posibilidad de que se impidiese su asistencia a los exámenes. En circunstancias normales la negociación con esta alcaldesa y quienes están en su equipo, es imposible.
"Desde que el PP entró a gobernar la ciudad de Zaragoza, la situación de personal es insostenible"
Para refrescar la memoria, ¿Cuáles son las reivindicaciones de esta huelga?
En primer lugar, destacamos la situación del personal. Desde que el PP entró a gobernar la ciudad de Zaragoza, la situación de personal es insostenible. Existe un déficit importante de personal estructural. La contratación para poder prestar el servicio se hace con artimañas legales que evitan la contratación de personal fijo, cuyo último fin es el de llegar a una externalización del servicio como ya se están produciendo otros. En segundo lugar, queremos que se retire lo que el servicio denomina “turno de refuerzo” que vulnera tanto las disposiciones de personal como la ley de prevención de riesgos laborales y que se usa como excusa para que las personas que son necesarias con carácter estructural pasen por ser acúmulos de tareas. En tercer lugar, queremos que se abra una mesa de retribuciones donde se pueda comparar lo que se paga y los conceptos por lo que se pagan dichas cantidades. La arbitrariedad en las retribuciones de este ayuntamiento hace que, cuando se pregunta que conceptos se contemplan en las retribuciones de diversos colectivos, no se pueda contestar con números en la mano ni por escrito. Ya han trascendido los escandalosos pagos de horas extraordinarias recientemente.
Según se defiende desde los dirigentes de diferentes colores, la gestión público-privada o la privatización de los servicios públicos, sale más barata que la prestación directa. Parece que este hecho contradice el planteamiento de esta huelga.
Nada más lejos de la realidad. En primer lugar, hemos de considerar que el Ayuntamiento es finalista, como los ciudadanos. Es decir, no genera IVA, por lo que no lo puede compensar. Eso implica que el 21% de las facturas que se le pasan suponen que ese dinero no produce servicio en Zaragoza y vuelve de nuevo a las arcas de hacienda. Hay que añadir que las empresas, si manejan un 15% de beneficio industrial, tenemos que el 36% del presupuesto de los servicios no genera ningún tipo de prestación. Sólo el 54% de nuestros impuestos destinados a servicios se traduce en dinero destinado a la prestación del servicio, es decir nóminas y materiales. Un ejemplo. Las cuatro piscinas cubiertas, tienen asignado un presupuesto para dotación de personal que se entrega a las empresas con el compromiso de dotar de personal durante 60 jornadas completas anuales. Pues bien, ese dinero es el equivalente a contratar de forma directa a 90 personas, es decir, 30 más. Con el mismo dinero, se podrían dotar de igual forma todas las piscinas cubiertas y atender las necesidades de personal del resto de instalaciones. Todo sin gastar ni un céntimo más. No es por tanto la privatización o externalización de servicios un tema económico, sino un tema político. Los servicios públicos se han convertido en un modo de entregar dinero público a empresas multinacionales o del IBEX 35, que producen deterioro de los servicios y precarización de los contratos. Esto se traduce en menos disponibilidad de dinero de las trabajadoras para emplearlos en la microeconomía del ocio y los servicios a nivel de la propia ciudad.
"La privatización o externalización de servicios no es un tema económico, sino un tema político"
Ante esta situación, ¿Qué futuro pensáis que tienen las reivindicaciones y la huelga?
Se espera que en unas semanas se tenga sentencia sobre la demanda sobre vulneración de derechos fundamentales planteada en el juzgado. Esperamos se contemplen nuestras peticiones y se posibilite el ejercicio del derecho a huelga, con lo que la alcaldesa se siente a negociar con el comité de huelga. La sentencia judicial que dimensiona los servicios mínimos no se está respetando con la única intención de sabotear la huelga. Aunque el equipo de la alcaldesa no se quiere sentar a negociar ni con CGT —convocante de la huelga— ni con el comité, es la única posibilidad de dar salida al conflicto, pese a que ya ha intentado negociar con otros actores, aunque lamentablemente para la alcaldesa, el acuerdo se debe alcanzar con las convocantes y no con quien ella o sus representantes tengan más posibilidades de doblegar. La huelga se resolverá sólo cuando se haya podido realizar la negociación y cuando se haya alcanzado un acuerdo entre las partes. Ese, y no otro, es el objetivo de una convocatoria de huelga. Los paros son una medida de presión que contempla el ordenamiento constitucional. Una posibilidad que este ayuntamiento niega a sus trabajadoras. Pero las consecuencias de la externalización las sufriremos toda la ciudadanía.
