Rechazan la ley “por su desprecio a los derechos humanos y medioambientales, que a su vez sentará las bases para potenciar la industria minera en contra de los derechos del territorio, los recursos hídricos, el turismo y de las personas que viven en él”.
A su vez, la carta también expone que los responsables políticos de la UE no han visto más allá de la “burbuja de Bruselas”, haciendo caso omiso de las repercusiones potencialmente catastróficas de un nuevo boom minero con una normativa obsoleta.
Como ejemplo de estas afirmaciones, se destacan diversas instalaciones de residuos mineros que se están proponiendo para nuevas minas en el Estado español, en Portugal, o en el sur de Aragón que “serían ilegales en países como Brasil, Chile, China, Ecuador o Perú. Países que, a raíz de los accidentes sufridos, han endurecido su normativa”, recuerdan las 130 entidades europeas.
La carta advierte de que la aprobación de dicha ley europea conllevará la puesta en marcha de acciones legales por parte de las 130 entidades firmantes, ya que se vulneran los derechos de participación pública en la toma de decisiones medioambientales, consagrados por la convención de Arrhus, de la que son parte tanto el Estado español como la propia Unión Europea.
Desde la plataforma de Afectados por la Minería en Teruel, quieren además denunciar “la proliferación de peticiones de derechos de explotación mineros de arcillas y arenas en la provincia, sin que nadie del Gobierno de Aragón responda a los cientos de alegaciones presentadas al Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, manifestándose con ello un enorme desprecio a la población y entidades de la zona (los propios Ayuntamientos personados)”, y solicitan “amparo y respuesta al nuevo Gobierno de Aragón ante esta desprotección”.
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