Hoy volvemos la mirada atrás y nos damos cuenta que ese pasado casposo y franquista llega a nuestros días de la mano de Gallardón, con una ley de supuestos mucho más restrictiva que la aprobada en 1985. En el 36 Federica Montseny puso sus ovarios sobre la mesa para despenalizar una decisión soberana y autónoma de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Pero entonces llegó Paco con sus secuaces y, como buenos hombres de dios, volvieron a querer controlar donde (dentro del matrimonio), como (familia heterosexual) y cuando (cuando dios y su marido así lo quiera) las mujeres deben ejercer la maternidad.
Tras el último paseo de Paco a san Lorenzo del Escorial, delegó en Juancar para restituir la democracia (entiéndase esta palabra con todas las comillas, cursivas, interrogantes y demás marcadores posibles). En el 85 se aprueba la primera ley de supuestos donde las mujeres tenían restringida su libertad a tres supuestos. El primero la violación, no penado en las primeras 12 semanas tras previa denuncia e informe médico (una mujer no sabe si ha sido agredida sexualmente hasta que un profesional de la salud lo ratifica). El segundo las malformaciones psíquicas o físicas del feto durante las primeras 22 semanas con el correspondiente informe médico (aquí se aprecia la visión sobre la discapacidad y el desinterés de normalizar las diferencias). Y el tercero, riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre. Si no marcabas una de estas tres casillas, tus huesos tenían como destino tres lugares posibles, el extranjero, la cárcel o el cementerio más próximo gracias a abortos clandestinos en lugares con mucho miedo y pocos recursos seguros.
Pero entonces llegó ZP con el carrito progre y en 2010 pasamos de una ley de supuestos a una ley de plazos, con la cual se nos 'p-e-r-m-i-t-e' abortar libremente durante las primeras 14 semanas y hasta la semana 22 si había grave riesgo para la madre o el feto. Ya sabes, si se te pasa el tiempo, game over, te jodes y apechugas. Algo novedoso fue la posibilidad de que jóvenes de 16 y 17 pudieran decidir sin la necesidad de autorización de sus progenitores. Lógico, porque ya sabemos que las menores de 16 años, tienen una buena relación con sus progenitores, no sufren violencia intrafamiliar, y es evidente que a todas se les respeta sus decisiones.
Y por fin llegamos a esta semana donde en los ojos de Gallardón vemos el anhelo del franquismo más pestilente. Con su ley las mujeres somos víctimas, así nos definen, y claro que somos víctimas, pero no por tener que abortar, sino del estado que ¡nos obliga a dar a luz y a poner en riesgo nuestras vidas! Una ley que pretender juzgar a las mujeres puesto que sale desde el ministerio de justicia y no desde el de sanidad. Volvemos a una ley de supuestos más restrictiva si cabe que la del 85, en la cual se considera el supuesto de violación, en los mismos términos que en la del 85 y el de riesgo físico y psíquico para la madre (cuando el embarazo produzca un menoscabo importante en su salud, con permanencia o duración en el tiempo).
A partir de estos hechos, queremos mostrar nuestra total rabia ante el retroceso en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que conlleva a una nefasta educación sexual y a un no acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia. En este sentido, las mujeres no deben funcionar como moneda de cambio de partidos políticos, como es el caso del PP, o de la jerarquía eclesiástica y otros grupos ultraconservadores que conforman la actividad sociopolítica actual. Pasando todos ellos por alto, que de acuerdo a la normativa europea e internacional se debe salvaguardar la protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos. Así, a día de hoy, deberíamos tener derecho a las prestaciones específicas en lo que se refiere a servicios sanitarios, dejando de lado la criminalización en el código penal.
Basta ya de hipocresía, las ricas abortarán y las pobres morirán por falta de medios y seguridad pública o hipotecarán su fututo y expectativas personales/profesionales en pos de una maternidad obligatoria no deseada ni garantizada con recursos sociales. Basta de paternalismos, que silencian nuestras voces y dañan nuestros cuerpos. Basta de endeudar a las mujeres trabajadoras, costeando el lujo y bienestar de clases altas que se aprovechan del trabajo de mujeres obligadas por el estado y sus leyes misóginas a subsistir en trabajos precarios.
Por todo ello, debemos salir a las calles y confrontarnos con un sistema que niega a los sujetos transfeministas a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, ya sea a través de las reformas sobre reproducción asistida o con la nueva ley del aborto. Nuestras voces han de visibilizarse y decir NO, ante unas normas que llevan implícitas el modelo heteropatriarcal hegemónico de la feminidad y la familia tradicional.
Carla San Martín y María Añover, militantes de A Clau Roya | Para AraInfo
