Bautizadas como el otoño caliente, las fechas que están por venir en Catalunya se antojan decisivas para esclarecer el futuro del Estado español y del propio territorio catalán. Se cumple un año desde la última diada del 11-S, el asalto en la Conselleria d’Economia el 20 de septiembre, el referéndum de autodeterminación del 1-O o el encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, y los gestos políticos del independentismo y el unionismo son cada vez más expresivos, más vehementes o, sí se quiere, teatralizados.
Es probable que en las próximas semanas se determine el futuro, por ello, en los días que nos ocupan, la actualidad política no da tregua.
La inconcreción de Torra
Este martes el presidente de la Generalitat dio una conferencia en el Teatre Nacional de Catalunya en la que presumiblemente tenía que pincelar las líneas maestras de la estrategia independentista para los próximos meses.
Según relataba el periodista Beñat Zaldua en su cuenta de Twitter “si bien apenas no ha concretado nada, ha puesto encima de la mesa un plan. No es poco, visto dónde estábamos. Eso sí, ese plan lo fía todo a una sentencia condenatoria en el juicio contra el independentismo”.
“Esa sentencia crearía un momentum parecido al del 1-O, en el que Torra se ha ofrecido a ponerse a disposición del Parlament para proceder a lo que toque. Se entiende que a intentar una nueva declaración de independencia”, añadía Zaldua.
La misma sensación expresaba Oriol March del diario catalán Nació Digital cuando escribía que “el plan no es concreto, ni tiene términos, pero se basa en una premisa: si se quiere forzar a Pedro Sánchez a pactar un referéndum sobre la independencia, hace falta una movilización permanente”.
Más allá de eso, la conferencia del martes será recordada por el independentismo -o cierto independentismo- por la sentencia de Torra. “La divisa es sencilla: o libertad, o libertad”, afirmó el president para luego añadir “amparado en el mandato del 1-O, propongo una acción en la que cada catalán tenga que hacer su marza por los derechos civiles de Catalunya, con un pueblo constituyente, multitudinaria. Esta lucha nos llevará hacia la República”.
Este miércoles Torra junto con el grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat) ha viajado hasta Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Otro gesto de interpretación inequívoca: el president del interior está al servicio del president en el exilio.
En una entrevista concedida a Catalunya Radio, Torra, pese a no concretar que hará si se produce una sentencia desfavorable contra las y los presos políticos, no ha descartado la opción de “abrir las prisiones” en lo que sería una clara afrenta al Gobierno del Estado español. “En su momento se tomarán las medidas que haga falta tomar. Exigimos la absolución para los presos políticos porque cada día que pasan en prisión es una indecencia; hay muchas familias afectadas”, ha aseverado Torra.
La situación judicial de las y los presos y exiliados políticos
Mientras Pedro Sánchez habla de referéndum para un nuevo estatuto de autonomía en Catalunya, y el independentismo sigue con su hoja de ruta que pretende celebrar un referéndum que establezca una nueva nación en Europa, la situación de las y los presos políticos sigue sin resolverse. Es más: su situación se antoja como un escollo difícil de sortear para todas las posturas políticas.
Este miércoles se conocía que la Sala 61 del Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad la recusación de cinco magistrados y magistradas designadas para juzgar el caso del procés que habían efectuado 11 de las personalidades políticas independentistas encausadas.
Mientras que las demandas de recusación llevadas a cabo por Carles Puigdemont y los exconsellers exiliados, Lluis Puig y Clara Ponsatí, han sido denegadas al considerar que las y los jueces que debían ser apartados no serán quienes juzguen su retorno o no a Catalunya, en el caso de la denegación de las ocho recusaciones por “falta de imparcialidad” restantes, no se ha dado ninguna explicación al respecto desde las instancias judiciales.
El recuerdo del 1-O: el Gobierno envía más de 600 antidisturbios a Catalunya
Transcurrido un año de los incidentes del 1-O el riesgo de pensar la actualidad como una repetición de entonces es elevado. Más cuando ambas realidades se parecen tanto -aunque a la par tan poco.
Según ha informado la agencia EFE, el Gobierno español ha comenzado el traslado de más de 600 antidisturbios de la policía española para proteger los edificios públicos y ayudar a los Mossos d’Esquadra en tareas de seguridad ciudadana. Su presencia se alargará desde el 11 de septiembre hasta días después del 1 de octubre.
A estos cuerpos policiales se añade las y los 300 agentes de la Guardia Civil que estaban a punto de ser trasladados a otros puntos del Estado español y que se quedarán en Catalunya durante las fechas señaladas.
