La lucha por la vivienda y contra el encarecimiento de la vida da un paso hacia la coordinación internacional. Organizaciones sindicales y movimientos sociales de siete estados europeos han acordado en París convocar movilizaciones conjuntas los próximos 20, 21 y 22 de noviembre, con un programa común que incluye la reducción de los precios de la vivienda, los alimentos y la energía, la subida de salarios y pensiones y la defensa de los servicios públicos.
El encuentro, celebrado este martes 3 de noviembre e impulsado por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas del Estado español, ha reunido a representantes de Francia, Inglaterra, Bélgica, Grecia, Portugal, Italia y el Estado español. La iniciativa llegaba en plena preparación de la huelga general del 11N por la vivienda y el coste de la vida, y a dos días de la jornada de huelga convocada en Francia este jueves 5 de noviembre.
Entre las organizaciones participantes figuran la coordinación de los Gilets Jaunes —chalecos amarillos— y la Union Syndicale Lycéenne (USL), vinculada a las recientes protestas estudiantiles francesas, además de la CGT, Solidaires y Droit au Logement (DAL). También han participado London Renters Union, Greater Manchester Tenants Union, el Sindicato de Moradoras de Lisboa, Climáximo y la organización italiana USB-ASIA, junto a colectivos de Bélgica y Grecia.
La declaración conjunta denuncia una situación compartida en distintos países europeos: el acceso cada vez más difícil a la vivienda, el encarecimiento de los alimentos básicos y el transporte y la pérdida de derechos sociales.
Las organizaciones advierten, además, del regreso de las políticas de austeridad, que vinculan a las exigencias de los acreedores de la deuda pública y al aumento del gasto militar. Consideran que estas prioridades amenazan servicios públicos como la educación y la sanidad, mientras las familias trabajadoras afrontan mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
Frente a esta situación, el acuerdo plantea garantizar el derecho a la vivienda, establecer controles para reducir los precios de los bienes esenciales, recuperar el poder adquisitivo de salarios y pensiones y reforzar los servicios públicos universales. También reclama el derecho al trabajo y a la regularización administrativa para combatir las barreras racistas, una mayor fiscalidad sobre las grandes fortunas y el fin de las políticas de rearme y de los combustibles fósiles.
La convocatoria de los días 20, 21 y 22 de noviembre amplía el horizonte de las protestas por la vivienda que se están organizando en el Estado español para el 11N. Las organizaciones reunidas en París buscan conectar las movilizaciones de cada territorio mediante reivindicaciones compartidas, aunque todavía no han detallado las ciudades ni los horarios de las próximas convocatorias.
En su declaración, llaman a convertir la solidaridad en “una práctica cotidiana, en una herramienta de organización y en una fuerza capaz de transformar la realidad”, y proponen “unir nuestras luchas, coordinar nuestras fuerzas y construir una respuesta internacionalista a las injusticias que compartimos”.
El documento concluye con un llamamiento a manifestarse de forma coordinada en toda Europa durante las tres jornadas de noviembre.
