La resolución dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón -TSJA- el pasado 1 de diciembre de 2014 considera que no cabe dar por ejecutada -como sostenía el actual Gobierno de Aragón- la sentencia de dicho Tribunal de 10 de febrero de 2012, en la que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011 en lo relativo al ámbito del personal docente no universitario, al entender que la oferta complementaria aprobada el 18 de febrero de 2014 no contenía el conjunto de plazas vacantes existentes en dicho ámbito a 31 de diciembre de 2010.
Esta resolución judicial es consecuencia del trabajo realizado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que tras conocer los datos recogidos por el Justicia de Aragón en su informe “El empleo público en la Administración autonómica aragonesa” hizo pública esta ‘nueva’ situación legal.
Por tanto, en cumplimiento de las resoluciones judiciales del TSJA, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, debe ofertar antes de tres meses -el plazo máximo es marzo de este año- en una nueva convocatoria “las plazas que falten hasta completar el conjunto de plazas vacantes existentes en Educación no universitaria a 31 de diciembre de 2010”.
Tras conocer esta información algunos sindicatos ya han expresado su malestar por la caótica gestión del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Así, desde el Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Aragón -STEA- explican que “ante la polémica surgida tras las últimas noticias con respecto a la sentencia del TSJA sobre la oferta del empleo público a cuerpos docentes del 2011, recurrida por la Asociación en Defensa de la Función Pública, queremos señalar que en 2011, había cuatro sindicatos que formaban parte de la Mesa Sectorial de Educación: CSIF, UGT, CCOO y STEA. De todos ello, STEA fue el único sindicato que se negó a firmar la oferta de empleo público propuesta por la administración, por considerar que sólo se iban a sacar a oposición el 30% de las jubilaciones habidas en el 2010”.
Asimismo, STEA anuncia que ha solicitado una reunión con Alfonso García Roldan, Director General de Gestión de Personal del Departamento de Educación “para que aclare de una vez por todas este tema y no nos tengan a todo el mundo en vilo”.
Por su parte, el Sindicato de Enseñanza de la CGT Aragón indica que “la oferta pública de personal docente no universitario de 2011 sigue coleando, y la responsabilidad de ello y de la incertidumbre que genera entre toda la comunidad educativa pero especialmente entre el profesorado interino es exclusiva responsabilidad de la administración. El TSJA la declaró insuficiente y le obligó a completarla, algo que según la DGA hizo al convocar las plazas de secundaria repartidas entre 2014 y 2015. Pero el TSJA volvió a dictar mediante la pasada providencia del 1 de septiembre que la DGA sigue incumpliendo la sentencia del 2012 que declaraba insuficiente la oferta del 2011”.
“Pues bien, la administración primero dice que recurrirá la providencia, y después que no la recurrirá sino que la va a ejecutar pues sus servicios jurídicos interpretan que no afecta a Educación sino solo a 5 o 6 plazas de guardias forestales. Por contra la asociación demandante, Asociación para la defensa de la Función Pública Aragonesa, interpreta que las plazas afectadas son todas las de plantilla ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2010, y que no fueron convocadas en la oferta del 2011. Evaluando en más de mil el número de plazas a ofertar e interpretando que deben ser de Primaria ya que en 2011 las plazas convocadas eran de ese cuerpo”, recalcan desde la CGT.
Desde CGT afirman que “celebraríamos que la oferta del cuerpo de primaria prevista para el verano de 2016 fuera aumentada con el máximo de plazas posibles provenientes de esta sentencia, ya que ayudaría a consolidar la plantilla docente de la escuela pública aragonesa, reduciría su precariedad al reducir el número de profesorado interino, redundando por todo ello en una mejora de la calidad de la Enseñanza”. “Exigimos a la administración que ponga especial celo en interpretar correctamente la sentencia y la providencia, ya que está jugando con el tiempo y empleo de mucha gente. Esperamos que su objetivo sea dejar este asunto bien cerrado antes de que se celebren las elecciones a Cortes de Aragón en mayo”, concluyen desde CGT.
