El grupo contra los conciertos educativos integrado por los sindicatos CGT y STEA, por los partidos políticos CHA e IU y por la organización MHUEL, habló este lunes, en rueda de prensa, de la situación de la Educación Pública aragonesa.
Pedro García, de MHUEL, explicó los motivos de esta rueda de prensa y analizó el porqué de los recortes. "El curso ha finalizado. Son ya tres años de gobierno del PP-PAR, un trienio negro para la educación pública aragonesa. Con la excusa del control del déficit han ejercido una política sectaria y de capitalismo de amiguetes. Han puesto a la zorra a cuidar las gallinas y se está resintiendo el gallinero. Y cuando se produce la más mínima rebelión en la granja responden con represión", afirmó.
García recordó que "pusieron al frente de la Dirección General de Política Educativa al Sr. Magdaleno, que era el director de uno de los mayores centros privados de Aragón. Y colocaron de Secretario General Técnico a un señor que acaba de ser imputado por presunta prevaricación administrativa en el caso PLAZA, García Inda, que comparte apellidos con quien ocupó la vacante que dejó el Sr. Magdaleno en la educación privada". "Es normal que se preocupen por aquello que representan. Y para nosotras es un deber defender la escuela pública", sentenció.
Por su parte, Rubén Estévez, de IU, informó del diferente trato presupuestario que han recibido la escuela pública y la privada concertada en los últimos tres años. "La primera medida fue la publicación en abril del 2012 del RD ley 14/2012, sobre medidas de racionalización del gasto educativo que comenzó con un recorte de más de 16 millones de euros para un solo trimestre, lo que supuso que en 2013 hablemos de un recorte de más de 64 millones de euros. Este recorte presupuestario sobre todo se ha notado en el profesorado".
"En personal docente ha supuesto 80 millones de euros de recorte y unos 2.500 profesores y profesoras menos en los últimos tres años", añadió Estévez. Estos recortes "también han afectado a los gastos de funcionamiento de los centros así como a la construcción de nuevos equipamientos educativos, quedando la construcción de muchos centros o la ampliación de los existentes sin poder realizarse".
A juicio de Estévez, para este 2014 "el Departamento de Educación presume de mantener el gasto en Educación, pero se olvida de que lo que mantiene es el recorte que inició hace ya dos años. Por el contrario, en el caso de la escuela concertada el gasto es similar".
En este sentido, Rubén Estévez recordó el gasto en la concertada en los años 2012 (146.024.925,06€), 2013 (146.399.122,08€) y 2014 (145.839.363,44€) y afirmó que "la conclusión es clara. Los recortes se han aplicado a la pública mientras se ha mantenido a la privada".
Teresa Olalla, de CGT Enseñanza, presentó un resumen de cómo la política de supresión de aulas ha afectado "única y exclusivamente" a la escuela pública mientras que la concertada no ha sufrido apenas supresiones. "En Aragón se han suprimido en tres cursos 218 unidades en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria y ninguna en los centros privados concertados", denunció.
"Aunque se han creado 143 unidades también en los centros públicos de Infantil y Primaria, en zonas de expansión de Zaragoza capital y alrededores -Miralbueno, Valdespartera, Zaragoza Sur, Santa Isabel, La Puebla de Alfindén, Utebo y María de Huerva-, las unidades suprimidas ya no se recuperan. Se han creado 19 unidades en centros privados concertados, en zonas, como Zuera o Romareda, a la vez que se suprimen en la pública de la misma zona", aseveró.
En cuanto al profesorado, Olalla señaló la supresión de alrededor de 2500 puestos de trabajo entre Infantil, Primaria y Secundaria (ESO, bachillerato, FP, EPA…) y "este próximo curso, se avecinan más supresiones, cuando se establezcan los cupos definitivos".
"Denunciamos también los procesos de escolarización, en los que se ofertan menos plazas escolares de las que hay en algunos centros públicos, lo que significa una mediatización en las familias a la hora de solicitar centro, puesto que favorecen la solicitud de centros privados concertados y así, al no haber suficiente alumnado, tienen la excusa para seguir cerrando unidades (así viene ocurriendo en la zona del Actur o en el barrio La Jota, estos tres años)", agregó la sindicalista.
"Por otra parte -añade-, aunque haya suficiente demanda de familias que solicitan centros públicos, las derivan a centros privados concertados, negándose a abrir unidades o a mantenerlas, a pesar de tener espacio y profesorado". Tal es el caso de Chaca, de Valdespartera o del CEIP Sainz de Varanda en Zaragoza, "aunque al final en este último, tras muchas presiones y la abstención del PAR en las Cortes, han tenido que abrir la unidad".
"¿Dónde está la libertad de elección de centro de estas familias, argumento que utilizan para justificar el mantenimiento de las concertaciones?", preguntó Olalla.
Antonio Lascorz de CHA, explicó las "repercusiones sociales de esta política", que "para el Departamento son como los daños colaterales de los bombardeos en una guerra".
"Los países socialmente más avanzados de Europa, donde la lucha contra la exclusión escolar es una prioridad y donde la corrupción incluso a pequeña escala no encuentra espacios, tienen en el sistema educativo público uno de los pilares básicos de su modelo social", enfatizó Lascorz.
Pero en el Estado español "el PP y junto al PAR en Aragón han implantado su modelo educativo basado en competir más que en educar (modelo LOMCE: educación al servicio del mercado), fomentar la desigualdad (educación de calidad para el que pueda pagarla), debilitar y deteriorar la red pública a la vez que se favorecen los centros privados de la Iglesia (el negocio de los aliados, la iglesia, como prioridad)". "La crispación social ante esta deriva se acrecienta", advirtió.
Para Lascorz, "en las aulas públicas, que acogen a todo tipo de alumnado, la drástica reducción del número de docentes y la saturación de aulas, está llevando a una imposibilidad de atender adecuadamente a numerosos alumnos y alumnas que requieren más proximidad, lo que lastra considerablemente su futuro".
"El empobrecimiento general de las familias y la reducción en el sistema de becas y de ayudas se encarga de completar esta deriva social que llevará a muchos de nuestros jóvenes a una formación precaria y posteriormente a un empleo precario. Pero las clases altas o medias altas estarán a salvo", apostilló.
En este sentido, Lascorz reclamó "lo social frente a lo privado; colaborar frente a competir, valores frente a corrupción" ya que "está en juego el modelo educativo y también el modelo social".
Finalmente, Esther Martínez, de STEA, se refirió a los "episodios de criminalización y represión" con que "tratan de acallar y detener la respuesta ciudadana". "Los recortes brutales que la escuela pública viene sufriendo estos tres años, han llevado a los docentes, familias y ciudadanía en general a una movilización continua contra los mismos", señaló.
"A medida que los recortes se van materializando y acentuando, la Administración intenta controlar mediante la criminalización y represión, la respuesta ciudadana", denunció para recordar algunos casos, como el "veto" en la calle Alfonso, a las manifestaciones de la comunidad educativa, ya que "allí vive nuestra consejera de Educación"; el juicio contra las cinco personas, denunciadas por coacción por la consejera de Educación del Gobierno aragonés, Dolores Serrat, al participar en una “Acción Tupper”; la detención de un maestro el día de la huelga de Educación, a la salida de un acto de la consejera; el juicio contra Aramayona, Marisol y Marga; "coacción a los centros educativos para que quiten de sus fachadas las pancartas contra los recortes"; y finalmente cuando en una reunión de Directores, convocada por la Consejería de Educación, la policía "impidió que algunos directores de los centros públicos aragoneses, aún portando su invitación, entraran a dicha reunión por llevar puesta la camiseta verde".
Martínez expresó su malestar por la postura de "esta Administración, de ninguneo hacia sus trabajadores, en cuanto que se impide la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo y de los temas que les afectan a través de sus representantes sindicales…"
Las organizaciones recordaron que el 29 de noviembre, estas organizaciones, solicitaron una reunión con la consejera de Educación para tratar el tema de los conciertos educativos. "A estas fechas, el silencio por respuesta", lamentaron.
"Esta situación de indefensión de la Escuela Pública ante las medidas de recortes y a su vez de represión, impidiendo la respuesta en la calle, nos ha obligado a judicializar nuestras demandas contra la Administración, aunque en estos casos es cuestionable también la respuesta de la justicia, ya que la fiscalía es la voz de la Administración, presentando como propios los argumentos de ésta", aseveran.
Ante esta situación "de desmantelamiento de la Educación Pública, cuya responsabilidad directa es de la Consejería de Educación", exigieron la dimisión de Dolores Serrat, de Agustín García Inda y de los Directores Generales del Departamento de Educación y volvieron a mostrar su "absoluta defensa" de una escuela "pública, laica, de calidad y financiada dignamente".
Por último, informaron de que todo lo expresado en esta rueda de prensa formará parte de un informe más amplio que se presentará próximamente en las Cortes de Aragón, cuando se fije fecha para la comparecencia que han solicitado.
