El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declaraba nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy, ligado a la ampliación de la estación de esquí de Cerler en el Valle de Castanesa.
La sentencia entiende que no ha lugar a los recursos de casación interpuestos en su día e impone a los recurrentes, el Ayuntamiento de Montanuy, la Comunidad Autónoma de Aragón y Castanesa Nieve S.L.U., el pago de las costas procesales que ascienden a 8.000 euros.
La ausencia de evaluación integral estratégica del PGOU del Ayuntamiento de Montanuy fue el motivo que llevó a la nulidad del mismo por parte del TSJA. Dicho plan pretendía construir cerca de 4.000 viviendas en el valle de Castanesa y la Canal Roya, con la consiguiente afección medioambiental en una zona prácticamente virgen.
Anulado el plan urbanístico, los terrenos recalificados como urbanizables dejan de serlo. Aramón, la empresa participada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, que gestiona la mayoría de las estaciones de esquí en Aragón, compró 180 hectáreas, con un coste de 20,9 millones de euros, para poder pagar con las plusvalías del desarrollo urbanístico la ampliación de Cerler.
Aramón es una empresa deficitaria que ha estado al borde de la suspensión de pagos en más de una ocasión, salvándola de la misma los avales conseguidos por parte del Gobierno de Aragón. Trece años después de su nacimiento, Aramón mantiene un nivel de deuda elevado, algo más de 60 millones de euros, aunque ha superado en ocasiones los 100 millones en números rojos.
Obcecados en una apuesta desesperada
Lejos de admitir que la ampliación de la estación de Cerler por el valle de Castanesa supone una agresión medio ambiental considerable, y una actuación especulativa de primer orden, tanto Aramón como el Ayuntamiento de Montanuy continúan obcecados en dicha obra.
Ecologistas en Acción afirmó en su día que “Aramón pretende disimular su estado económico con una apuesta suicida tanto por las expectativas climáticas como por las urbanísticas y económicas, ambas imprescindibles para el desarrollo de su proyecto”.
Sin embargo, tanto Gobierno de Aragón como Aramón han anunciado su respaldo al proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler y de desarrollo urbanístico del valle de Castanesa si el Ayuntamiento de Montanuy acuerda revisar PGOU anulado por los tribunales.
Así lo ha advertido hoy a los medios de comunicación la consejera de Economía y presidenta de Aramón, Marta Gastón, que ha asegurado que el holding sigue “trabajando”, a través de la sociedad Castanesa, en el proyecto de inicial de ampliación de la estación de esquí, que, "no depende de lo que diga la sentencia".
Por su parte, la alcaldesa de Montanuy, Esther Cereza, ha confirmado que el municipio mantiene su interés en un proyecto "en el que se ha trabajado durante 10 años y en el que queremos seguir trabajando si Aramón realmente demuestra una voluntad verdadera de invertir en la conexión de la estación".
La edil ha mostrado la disposición de su consistorio de elaborar un nuevo plan urbanístico ya que, según ha afirmado, del proyecto depende la "salvación" de un valle con un municipio del que dependen 17 pueblos que acogen entre todos durante el invierno unos 150 habitantes, el 65 por ciento de los cuales jubilados.
CHA muestra su satisfacción por la sentencia del Supremo que paraliza el "pelotazo de Castanesa"
Ante esta noticia Chunta Aragonesista (CHA) ha querido mostrar su satisfacción por la sentencia y desea, igualmente, felicitar a quienes han planteado, desde el territorio, su apoyo a un modelo sostenible para el Pirineo aragonés, a quienes han creído que "otra cultura de la ordenación del territorio de montaña es posible", afirma Carmen Martínez, Secretaría General de CHA.
"Ahora hay que recordar y agradecer el trabajo de quienes planteaban su rechazo a este enésimo intento de especulación en el Pirineo aragonés. Queremos que esta sentencia sirva como "punto de inflexión" para desterrar cualquier nuevo intento de agresión territorial y ambiental a nuestras montañas", explica Carmen Martínez.
CHA se ha opuesto a este proyecto desde el comienzo y esta decisión ratifica ese planteamiento. Además, recuerdan que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) había estimado anteriormente el Recurso interpuesto por la Asociación de Propietarios y Vecinos del Valle de Castanesa, Naturaleza Rural, contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Montanuy, dado que el fin último de ese Plan General era la ampliación de la estación de esquí de Cerler a través de Castanesa, mediante, a juicio de CHA, una serie de "recalificaciones urbanísticas a la carta, que debían servir para financiar un mastodóntico proyecto" que contemplaba la edificación de más de 2.500 viviendas y casi 3.000 plazas hoteleras y que suponía la destrucción definitiva de una de las zonas naturales mejor conservadas de Aragón.
Ya se señalaba en esa sentencia que dada "la alta calidad ambiental del municipio", se declara la nulidad de pleno derecho del Plan General de Ordenación Urbana al no haberse realizado preceptiva la evaluación ambiental del proyecto, e indirectamente supone "la muerte del proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler", ya que carecería de cualquier remota posibilidad de financiación. De esta forma se hace "inviable económicamente lo que ya lo es medioambientalmente", concluye la Secretaria General de CHA.
