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El Tribunal Constitucional a instancia del gobierno español tumba la Ley aragonesa de Emergencia Social

El recurso presentado por el gobierno en funciones del PP ante el Tribunal Constitucional, ha sido admitido a trámite y contempla la suspensión temporal del decreto durante cinco meses. Es facultad de la Ley aragonesa de Emergencia Social la aplicación de medidas como la prohibición de embargo para las prestaciones sociales y la paralización de los desahucios en situación de vulnerabilidad.
| 12 octubre, 2016 18.10
El Tribunal Constitucional a instancia del gobierno español tumba la Ley aragonesa de Emergencia Social

De nuevo, una prueba más que corrobora la nula importancia que para el Gobierno del Estado español del Partido Popular tienen las personas más desfavorecidas. Al partido de Mariano Rajoy ya no sólo le basta con su inoperancia e incompetencia en materia social –entre otras-, sino que ahora, utilizando al Tribunal Constitucional como herramienta, consigue tumbar una ley de carácter territorial que afronta los problemas de los que adolecen las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

El recurso presentado por el gobierno en funciones del PP ante el Tribunal Constitucional, ha sido admitido a trámite y contempla la suspensión temporal del decreto durante cinco meses. Un largo periodo que para las personas que se iban a beneficiar de esas medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda, se convertirá en una pesadilla.

Es facultad de la Ley aragonesa de Emergencia Social la aplicación de medidas como la prohibición de embargo para las prestaciones sociales y la paralización de los desahucios en situación de vulnerabilidad. El Tribunal Constitucional, que ha suspendido estas medidas de manera cautelar, cuestiona seis de los artículos de dicha ley al considerar que invaden la competencia exclusiva del Estado español.

Al mismo tiempo, según dicta el recurso, se vulneran los principios de igualdad, proporcionalidad y de reserva de ley, además de obstaculizar los fines para los que han sido concebidas las sociedades de gestión de activos. Por lo tanto, desde el pasado día 16 de septiembre, día en el que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la presentación de dicho recurso, los artículos impugnados están suspendidos de vigencia y aplicación hasta alcanzar la resolución.

Así pues, la consigna es clara, cualquier tipo de iniciativa que tenga como objetivo reducir o paliar las consecuencias que afectan a las personas más desfavorecidas, no tiene validez, ya sea por cuestión de competencias, como ocurre esta vez, o por falta de exclusividad propia. El siguiente paso es el traslado de la demanda al Congreso y Senado españoles, a la Diputación General de Aragón y al Parlamento aragonés, que dispondrán de quince días para formular las alegaciones correspondientes y personarse igualmente en el proceso.

Mientras tanto, los 500 millones de euros recaudados por el gobierno con la aplicación de las tasas judiciales –que posteriormente fueron anulados por el Tribunal Constitucional- continúan sin aparecer y sin que nadie sepa dónde han ido a parar, algo insólito. Para recuperar los 53.553 millones de euros de dinero público, aportados a través del Fondo de Reestructuración (FROB), invertidos para salvar a la banca –de los cuales se ha recuperado el 5 % y el resto ni está ni se le espera-, el gobierno del Partido Popular no impulsa, y lo que es peor, ni pretende emprender acción alguna para que esos miles de millones vuelvan a las arcas públicas.

Y por si esto fuera poco, mientras el PP alcanzaba el grado de organización criminal -según investigaciones de la Guardia Civil-, los alcaldes y alcaldesas del partido eran instruidos mediante presentaciones power point sobre cómo financiarse de manera ilegal. Eso sí, contra las personas más desfavorecidas, garrotazo y tentetieso.

12 octubre, 2016

Autor/Autora

Redactor. Integrante del Consello d’AraInfo. @mr_belbedere


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