El TC avala la Ley Mordaza casi en su totalidad, incluida las 'devoluciones en caliente' de personas migrantes

El Tribunal Constitucional solo ha declarado la inconstitucionalidad del inciso "no autorizado" del artículo 36.23 de la ley, que prevé como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o integrantes de las FSE

Protesta contra la Ley Mordaza en Zaragoza. Foto: AraInfo

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha determinado que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la llamada 'Ley Mordaza', es constitucional en todos sus puntos, incluida las 'devoluciones en caliente' de las personas migrantes, excepto en lo tocante a las grabaciones "no autorizadas" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente del TC, Juan José González Rivas, desestima la mayoría de las impugnaciones del recurso de inconstitucionalidad presentado por 97 diputados y diputadas del PSOE; 11 de Izquierda Plural y Chunta Aragonesista; cuatro de Unión Progreso y Democracia (UPyD) dos del Grupo Mixto del Congreso español.

El tribunal avala el rechazo de personas migrantes en frontera por considerar que se ajusta a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), las sanciones por infracción grave en los disturbios de protestas frente a las Cámaras legislativas, así como los "registros corporales externos" o cacheos que implican el desnudo integral.

El TC solo ha declarado la inconstitucionalidad del inciso "no autorizado" del artículo 36.23 de la ley, que prevé como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o integrantes de las FSE.

La sentencia se ha adoptado por la mayoría del Pleno del TC. Han votado en contra la magistrada, María Luisa Balaguer Callejón, y el magistrado, Cándido Conde-Pumpido Tourón, aunque solo la primera redactará un voto particular.

De esta forma, el alto tribunal español da repuesta, cinco años después, a una de las normas más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha estado en el centro del debate político desde su aprobación en 2015 con varios intentos frustrados de derogación o modificación en las Cortes.

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