El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el Recurso de Amparo presentado por el abogado de una pareja de personas jubiladas residentes en Fraga, cuyo desalojo de su vivienda está previsto para el próximo 2 de febrero.
De esta forma, el Alto Tribunal español tendrá que decidir ahora sobre las medidas cautelares solicitadas en el recurso, entre las que se encuentra la paralización del desahucio al entender la defensa que el Auto del Juzgado de Fraga que lo ordena no se ajusta a la ley.
La PAH Fraga ya denunció un presunto trato de favor de la magistrada titular del Juzgado número 1 de Fraga con la entidad bancaria que ordena el desahucio de las personas jubiladas. “La jueza se opone a conceder una moratoria a las personas afectadas sin fundamento jurídico alguno alegando que la vivienda está subastada, además de dictar la orden de desalojo en tiempo record desde que el banco, en este caso Ibercaja, la solicita, hechos que nos hacen sospechar de una clara connivencia entre justicia y entidad bancaria”, afirman desde el colectivo.
“El atropello sistemático a las personas pendientes de desahucio desde el Juzgado de Fraga, nos obliga a recurrir a instancias judiciales superiores, donde esperamos que los recursos se resuelvan favorablemente”, concluyen desde PAH Fraga.
