El TACPA paraliza el proceso de contratación del centro de menores de Zaragoza

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Aragón (TACPA) ha paralizado de manera cautelar el proceso de contratación del centro de reforma de menores de Zaragoza tras los recursos presentados por CGT, el comité de empresa y el Colegio de Educadores Sociales

Centro de menores de Juslibol en Zaragoza.

El TACPA ha tomado en consideración los recursos por "la inclusión de la categoría profesional por parte del IASS del auxiliar técnico educativo (ATE) en los perfiles profesionales en atención directa" presentados por el comité de empresa de FAIM, fundación que gestiona actualmente el centro de menores de Zaragoza, el Colegio Profesional de Educadores Sociales y el sindicato de enseñanza de CGT, y paraliza la contratación hasta su resolución.

"Las medidas cautelares van dirigidas a corregir infracciones de procedimiento o impedir que se causen otros perjuicios o intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre ellas, las destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación", señala el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Aragón (TACPA).

Desde el sindicato de Enseñanza de CGT esperan que "se subsane la irresponsabilidad cometida por parte del IASS por incluir la categoría de ATE ya que las empresas aprovechan esta circunstancia para abaratar los servicios". "Si esta categoría se consolida nos encontraremos con profesionales realizando las mismas funciones y con distintas tablas salariales, dando a lugar a trabajadores de primera y de segunda", denuncia el sindicato.

Por su parte, el comité de empresa de FAIM ha manifestado que "la incorporación de nuevo del ATE, categoría profesional que el IASS extinguió en 2006, puede incurrir en intrusismo profesional". "Esta categoría no ha sido incorporada desde el 2006 ya que se considera que no cumple con la formación y experiencia adecuada para llevar a cabo el servicio educativo de las y los menores internos por medida judicial, consideración que realizó el propio IASS que a su vez en el 2006, dio de plazo la duración de aquel pliego a los licenciados o diplomados (profesores, psicólogos y trabajadores sociales en su mayoría) que por aquel entonces realizaban trabajos de educadores a tener la titulación de graduados en educación social, estudios que tuvieron que compaginar con la vida familiar y laboral y la amenaza que si no obtenían dicha titulación podían perder el puesto de trabajo", añade el comité.

En este sentido, el comité de empresa considera "una broma de mal gusto" que "después de 15 años y de los esfuerzos realizados por esta plantilla se vuelva a la situación de 2004, con la incorporación de ATE". "Por si esto fuera poco -continúa el comité-, sus funciones no están claramente delimitadas con la de los educadores, lo que conduciría a un solapamiento de los servicios de las diferentes categorías profesionales, originando una situación injusta en derecho, donde mismas funciones son retribuidas y calificadas de distintas maneras".

Tanto CGT como el comité de empresa de FAIM denuncian la "situación precaria" de este sector e insisten en que "para dar una buena atención a las y los menores se necesita una estabilidad en las plantillas en lo social y en lo económico". Para ello consideran "imprescindible un convenio autonómico" como existe en Catalunya, País Vasco, Navarra y País Valencià".

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