Educadores en Lucha tuvo este jueves conocimiento de la desestimación del Recurso Administrativo Especial que interpuso el 14 de agosto ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos contra la adjudicación del COA a la empresa INTRESS mediante un proceso de contratación negociado sin publicidad.
Los portavoces del colectivo destacan sobre esta desestimación que el Tribunal no se ha pronunciado sobre la mayoría de las alegaciones que se planteaban al recurso. "El tribunal sólo concede una legitimación parcial al comité de empresa, por lo que sólo nos permite hacer alegaciones sobre aquellas condiciones de la contratación que afecten directamente a la situación laboral de las y los trabajadores".
"Sobre las irregularidades del procedimiento, sobre que el pliego no cumple la ley de educación, o sobre que INTRESS no cumpla requisitos administrativos para contratar con el Gobierno de Aragón el tribunal ni siquiera se pronuncia, ni siquiera lo toma en consideración", han criticado.
Además, denuncian que el Tribunal hace una "interpretación estricta y no motivada" sobre "esta limitación de la legitimación del comité" y "tampoco toma en consideración la alegación respecto a que el pliego naturaliza la no asistencia de las y los menores a sus colegios e institutos, estableciendo que los educadores deben ejercer además de sus propias funciones dentro del centro funciones de profesores de primaria y secundaria de educación formal", añaden.
"Tampoco toma en consideración la alegación respecto a que se multiplican las funciones y la carga de trabajo del equipo actual sin que por ello se amplíe el equipo educativo en consecuencia", han afirmado.
Además, Educadores en Lucha sostiene que el recurso se presentaba con una reserva de ampliación al solicitar el comité de empresa amparo al tribunal en cuanto a la solicitud del expediente de contratación, al que el Gobierno de Aragón niega reiteradamente el acceso pese a que el colectivo lo lleva solicitando de forma legal desde febrero de este año y pese a haber instado la oficina del Justicia de Aragón a la DGA a que se entregue dicho expediente.
"Sin el expediente de contratación es imposible que el comité de empresa ejerza plenamente su legítimo derecho a recurrir la adjudicación al verse limitado al acceso a la información necesaria para recurrir. Por esa razón se pidió al tribunal que nos diera acceso al expediente, con la intención de ampliar el recurso una vez que lo hubiéramos podido estudiar. Sin embargo el tribunal ni siquiera se pronuncia al respecto", advierten.
Pese a que Educadores en Lucha está estudiando recurrir esta desestimación a través de un contencioso administrativo, sus portavoces reclaman la actuación urgente del Gobierno de Aragón para paralizar esta adjudicación y dejarla sin efecto. "Llevamos semanas reclamando que la consejera Broto inicie la tramitación de una declaración de lesividad del interés público que permita al Gobierno de Aragón declarar la nulidad de esta adjudicación".
En este sentido subrayan: "El Gobierno de Aragón no puede ampararse en la desestimación de este recurso para argumentar que la adjudicación es legal y correcta cuando el tribunal no se pronuncia sobre la mayoría de las alegaciones que componían el recurso. El Tribunal tiene sus competencias y actuaciones muy limitadas, y aún más limitado está el comité de empresa a la hora de recurrir. El Gobierno de Aragón no tiene ninguna limitación para actuar, puede y debe actuar allí donde el TACPA no se pronuncia y donde al comité de empresa no se le permite recurrir".
De este modo, recuerdan que las alegaciones que presentaron se recogen hechos, datos y argumentaciones legales suficientes para iniciar la declaración de lesividad del interés público. "El Gobierno de Aragón tiene exactamente la misma información que tenemos nosotros y mucha más capacidad jurídica, exigimos que actué de urgencia", continúan.
Educadores en lucha recuerda también que hace semanas que se hizo una ampliación de la comunicación de la actual huelga indefinida a la nueva empresa adjudicataria y que esta huelga continuará si se consuma el cambio de empresa como única medida que permite sostener la atención a las y los menores del COA en mínimas condiciones de seguridad y dignidad.
Asimismo, Educadores en lucha anuncia que de no intervenir el Gobierno de Aragón continuarán denunciado y oponiéndose esta situación por todos los medios a su alcance. "Situación -condiciones del servicio- sobre las que, una vez más, recordamos la opinión de la consejera Broto en 2014 cuando se manifestaba como miembro de la oposición", concluyen.
