El Senado aprueba un primer trámite para convocar nuevas elecciones en Bolivia

El presidente legítimo, Evo Morales, ha hecho un llamamiento desde su exilio a la CIDH y a la ONU a "denunciar y frenar la masacre de hermanos indígenas que piden paz, democracia y respeto a la vida en las calles". Desde el golpe de Estado, las fuerzas de seguridad han asesinado a más de 27 personas durante las protestas.

Eva Copa, senadora del MAS. Foto: MAS

Este miércoles, comenzó en el Senado de Bolivia el debate de una "ley excepcional y transitoria" para la convocatoria de elecciones generales, con la intención de sacar al país de la crisis política desatada tras los comicios de octubre y el golpe de Estado producido a continuación por la derecha, según informa TeleSur.

"Consideramos dos proyectos coincidentes en lo fundamental, en que se debe recortar plazos, como eliminar elecciones primarias, plazos de habilitaciones y otros pasos, buscando que esta misma semana, por lo menos en el Senado, se pueda aprobar esta ley", indicó el senador Óscar Ortiz, presidente de la comisión que elabora el proyecto.

En varios medios, se presentó que el Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales, reconocía la figura de la senadora Jeanine Áñez, como presidenta del país ante su autoproclamación. Sin embargo, el rumor fue desmentido y esta versión no aparece en el proyecto presentado, según apunta TeleSur.

El trámite de la "ley excepcional" fue iniciado tras un acuerdo entre el MAS, que tiene amplia mayoría en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, y las bancadas minoritarias de oposición, paralelamente a una negociación de alto nivel que busca acuerdos sobre otros aspectos de la crisis política.

Por su parte, el Gobierno de la autoproclamada presidenta boliviana, Jeanine Áñez, había enviado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurilancional con el mismo fin. Áñez había afirmado previamente que podría hacerlo mediante un decreto, pese a que la ley no lo permite.

El presidente legítimo, Evo Morales, anunció su renuncia al cargo el pasado 10 de octubre tras hacer un llamado a todos los sectores políticos (principalmente a la oposición golpista) a evitar un derramamiento de sangre. Desde entonces, el Gobierno de facto que preside Áñez impulsó una persecución contra activistas y militantes del MAS, partido con el mayor respaldo popular en el país.

Asimismo, las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales iniciaron una represión contra las manifestaciones, que rechazan abiertamente la situación irregular en la esfera política boliviana. En tan solo diez días, las medidas de los organismos de seguridad han desencadenado el asesinato de más de 27 personas.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha asegurado que "tiene indicios de que las fuerzas de seguridad dispararon a civiles en un operativo de desbloqueo a una planta de combustible en El Alto" -foco de protestas contra el Gobierno golpista- que "dejó al menos ocho muertos y decenas de heridos", aseguró la titular de esta entidad, Nadia Cruz.

Centenares de personas expresaron su indignación contra los dirigentes del Gobierno golpista "que promueven la violencia a través de sus discursos de odio". "Que se vayan del país compañeros, por amedrentar y dividir al país", denunciaron.

Este jueves, Morales ha publicado un mensaje, desde su exilio en México, en su cuenta de Twitter en el que anuncia: "Vamos a conformar una Comisión de la Verdad con personalidades internacionales para verificar si evidentemente hubo fraude. Hemos tenido acceso a dos informes técnicos de instituciones serias y renombradas que demuestran que hemos ganado en primera vuelta".

El pasado 10 de noviembre, el presidente electo ya anunció la intención de convocar nuevas elecciones en Bolivia tras el informe de la OEA. Asimismo, Morales ha hecho un llamamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU a "denunciar y frenar esta masacre de hermanos indígenas que piden paz, democracia y respeto a la vida en las calles".

Desde Amnistía Internacional han reclamado a las autoridades bolivianas "garantizar que las fuerzas de seguridad actúen conforme con las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, así como proteger los derechos humanos de todas las personas que protestan sin importar su opinión política".

Mientras tanto, las muestras de solidaridad con el pueblo boliviano y contra el golpe de Estado siguen creciendo. En Aragón, este martes decenas de personas se concentraron en Zaragoza y este jueves hay convocado una protesta en Teruel.

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