Quizás porque ayer, además de viernes de Pleno en las Cortes de Aragón, fuera preludio del primer puente festivo invernal, la bancada del PP se mostraba especialmente nerviosa y agitada. Aunque nada presagiaba que acabarían insultando a diputadas y ciudadanas desde sus escaños.
Patricia Luquin, portavoz de IU Aragón, formulaba desde la tribuna una pregunta al consejero de Salud y Bienestar Social, Ricardo Oliván, interesándose sobre la situación de los y las menores atendidos en el Centro de Observación y Acogida -COA- y por la huelga indefinida que los educadores y educadoras están manteniendo en defensa de unas condiciones de trabajo mínimas para atender a estas menores, que están en peligro con los nuevos pliegos administrativos impuestos por la DGA.
Una decena de estas trabajadoras sociales, en representación del colectivo de educadores y educadoras, se encontraba en la grada superior destinada a personalidades invitadas por los grupos políticos, escuchando atentamente las intervenciones parlamentarias. En este caso las educadoras del COA habían recibido sus invitaciones de IU, CHA y PSOE.
El consejero Oliván no abandonó su habitual altanería en su dúplica a la parlamentaria Luquin, fue entonces cuando las educadoras del COA alzaron la voz para ser escuchadas en el ‘lugar donde reside la soberanía popular’. Comenzaron a nombrar uno por uno a los menores en situación de acogida, y tras sus nombres “no es mercancía”.
El consejero Oliván interrumpió su intervención para, tras unos segundos, exclamar con tono chulesco “estoy esperando porque aún faltan algunos, son algunos más”. La actitud del consejero calentó aún más los ánimos -para sorpresa de todas a quien más ‘encendió’ fue a sus ya sobreexcitados compañeros del PP-, mientras las educadoras del COA seguían nombrando a las menores, hasta que fueron desalojadas.
La presidenta en funciones de la mesa de las Cortes, Rosa Plantagenet-Whyte, suspendió temporalmente el pleno, con la intención de sosegar los ánimos, es de suponer. Pero el consejero Oliván retomó su discurso afirmando “a mí me preocupan todos, los 24 chavales”, lo que nuevamente provocó intervenciones desde la zona de invitadas, “los niños no se venden, los niños se defienden”, se escuchaba.
A estas alturas ya no había quien sujetara a los diputados del PP, parece ser que tremendamente ofendidos por tener que escuchar las justas reclamaciones de un colectivo en lucha, por la dignidad de su trabajo, y por el bienestar de las menores.
Llegados a este punto, el diputado del PP, Eduardo Peris, perdió definitivamente la compostura, y la buena educación que se le supone a un representante público, y comenzó a insultar a la oposición y a las invitadas, “rastreros”, clamaba, recordando algunos de los peores momentos del hooliganismo parlamentario del PP. Como aquel, tan recordado como infame, “¡qué se jodan!” que Andrea Fabra -en referencia a las personas en desempleo- espetó en el parlamento español.
A los señores y señoras diputadas de la derecha les molesta mucho que ‘las de abajo’ les recuerden de tú a tú sus carencias sociales, sus incumplimientos programáticos, y que se critique con argumentos su política austericida. Al PP le duele escuchar que sus recortes tienen detrás nombres reales, tan reales como los y las menores en situación de acogida que por su acción política se encuentran en situación de extremo riesgo.
La vicepresidenta de las Cortes de Aragón y diputada del PP, Plantagenet-Whyte, decidió suspender el pleno nuevamente. En la reanudación Yolanda Vallés, también del PP y compañera del diputado faltón, pidió disculpas y retiró las palabras de Peris. Ya saben, a algunos les funciona aquello del “lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir”.
Sin embargo, en este caso las disculpas por una actitud intolerable no son suficientes. Cuando hablamos de menores, del eslabón más débil de la cadena social, no bastan excusas. Los y las menores en situación de acogida, y las educadoras sociales que las atienden, solo solicitan lo mínimo: que cancelen o modifiquen los pliegos administrativos que implican “menos recursos, más atribuciones y menos personal”.
Mientras esto no suceda, no faltaran apoyos sociales, dentro y fuera de nuestras Cortes, para defender a las menores y a las educadoras que luchan por ellas.
