La nueva Ley de Ciencia (Ley 14/2011) solo reconocerá el derecho a indemnización por fin de contrato al personal predoctoral y postdoctoral si su acuerdo está suscrito a partir de la entrada en vigor de la norma. Esto deja fuera a todos los investigadores e investigadoras en activo que llevan años trabajando. De esta forma, el Gobierno “vuelve a negarles una mísera indemnización (12 días por año trabajado) que a duras penas les permitiría sobrevivir hasta encontrar un nuevo contrato, probablemente igual o más precario que el anterior”, se quejan desde el colectivo.
Han convocado a todo el personal de investigación a una concentración programada para el 7 de febrero y que coincidirá con la comparecencia de la asociación FPU investiga en el Congreso español. En Zaragoza, será a 12.00 horas en la puerta del Paraninfo de la Universidad.
Señalan que valoran “los avances que introduce este APL respecto al anterior borrador” pero consideran que dejan otras cuestiones de urgencia sin abordar.
Las propuestas del personal investigador
Entre las propuestas que pone sobre la mesa este colectivo destacan la elaboración de un Estatuto del Personal de la Investigación que regule sus derechos o la modificación de las retribuciones mínimas en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF), así como el desarrollo de la carrera profesional del personal técnico y de gestión.
También piden la integración de todo el personal de investigación dentro de los convenios colectivos de referencia y la reversión de las externalizaciones de los servicios básicos de las universidades y centros de investigación (subcontratas), adoptando un modelo de contratación directa que garantice tanto el mantenimiento de sus plantillas como el cumplimiento de los derechos laborales de su personal.
La eliminación de la tasa de reposición para que todo el sector "pueda crecer y estabilizarse" también entra en sus demandas, a las que se suman el desarrollo de un marco claro de incorporación y carrera profesional de personal de investigación (investigador, técnico y de gestión) en las plantillas del Sistema Nacional de Salud.
Por último, exigen la atención y protección a los colectivos más vulnerables, como mujeres, migrantes, LGTBIQ+, personas con distintas capacidades o enfermedades mentales sobrevenidas ante la precariedad, inseguridad laboral y/o acoso, y la creación de una Oficina de Integridad Científica estatal e independiente con poderes sancionadores y vinculada a la Oficina de Protección del Denunciante para proteger su identidad.
Por todo ello, las organizaciones firmantes “no aceptamos el redactado actual del anteproyecto y exigimos al Ministerio de Ciencia que modifique su contenido para que reconozca el derecho a indemnización para los/as investigadores/as con contrato en vigor e integre las reivindicaciones” que afectan al sector de la I+D+i.
