El funcionariado interino de la DGA han denunciado este viernes a las puertas del Edificio Pignatelli, la sede del Gobierno territorial, “que el Gobierno de Javier Lambán suspende estrepitosamente en gestión de personal y no defiende un empleo público y de calidad”. Convocados por los sindicatos STEPA y CATA, las personas participantes han reclamado que el incumplimiento de la ley 20/21 de medidas para la reducción de la temporalidad y la falta de transparencia, “hacen peligrar la llegada de fondos europeos”.
La organización ha aprovechado las fiestas navideñas para presentar sus reclamaciones cantadas como un villancico. Acompañadas de panderetas, las personas que se han manifestado han señalado en “Liada sobre liada”, los numerosos aspectos de “una incompetente política de personal, que ha conseguido llevar la temporalidad hasta el funcionariado, en contraposición a su obligación de estabilizar la plantilla”, con el estribillo: “Lambán, la que has liado Lambán, con una función pública precaria y temporal”.
Para denunciar que los responsables políticos no reciben a los sindicatos, las demandas también se han recogido en un buzón de deseos para los “Reyes Magos de la Función Pública”, para entregarlas, como responsables personales de esta situación, al presidente de Aragón, Javier Lambán, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, y el director general de Función Pública, Esteban del Ruste.
El personal interino señala que según los datos oficiales del propio Gobierno de Aragón, en su último boletín estadístico de personal, el porcentaje de trabajadores y trabajadoras con contrato temporal en la Administración aragonesa ha subido un 10% desde que Javier Lambán llegó al Gobierno en julio de 2015, hace siete años, y ya supone la mitad de toda la plantilla. En concreto, de 59.224 personas, hay 29.829 fijas (50,37%) y 29.395 temporales (49,63%).
“El Gobierno de Aragón se salta la ley”
STEPA señala que este crecimiento de la temporalidad demuestra que Función Pública y los sindicatos que han participado en las mesas de negociación (CCOO, UGT y CSIF) “han fracasado totalmente con sus acuerdos mal llamados de estabilización”, y que el incumplimiento del compromiso legal con Europa de reducir al 8% la temporalidad en el sector público supone poner en peligro la llegada de los fondos europeos de recuperación.
El sindicato resalta que la causa está en que el Gobierno de Aragón sigue saltándose sistemáticamente la ley que obliga a que las necesidades permanentes estén cubiertas por personal fijo y practicando una política laboral que en el sector privado habría dado lugar a duras sanciones “por parte, precisamente, del que es el principal incumplidor”.
El incumplimiento también ha sido total en la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad, que obliga a que las plazas ocupadas por empleados y empleadas públicas con más de tres años encadenando contratos temporales, y por lo tanto en abuso de temporalidad, se ofrezcan en un proceso extraordinario que dé a las personas afectadas la posibilidad de consolidar su puesto.
Según los datos de STEPA, son más de 17.000 plazas en la Administración territorial; sin embargo, el Ejecutivo aragonés solo ha anunciado 2.552 plazas por esta vía, mientras sigue despidiendo a personal con décadas de experiencia. “No se puede desaprovechar la oportunidad para consolidar al personal por la cerrazón de los que ostentan el poder. Lo que está haciendo la Universidad y las entidades de derecho público del propio Gobierno de Aragón, demuestran cómo se pueden hacer las cosas de forma correcta”, han señalado.
