El Juzgado número 32 de Madrid, que investiga el caso del borrado de los ordenadores del que fuera tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, ha citado el próximo 4 de febrero en calidad de investigada -nueva figura legal para el término imputada- a la tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro.
La juez de Madrid Rosa Freire, dirige la investigación contra el propio PP, en lo que supone la primera vez en la que el partido es investigado como persona jurídica, motivo por el cual se ha citado a Navarro, así como a otro representante legal, cuyo nombre no ha sido revelado.
La citación del partido como investigado se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir las diligencias previas que fueron archivadas en octubre de 2013.
El PP declarará justo un día después que el propio Bárcenas; la que fue su secretaria, Estrella Domínguez; el jefe de seguridad del partido en el momento de los hechos investigados, Antonio de la Fuente; y el abogado del PP, Alberto Durán.
Se trata de la segunda causa en la que Navarro se encuentra investigada puesto que seis días más tarde, el 9 de febrero, deberá comparecer igualmente acompañada de abogado ante el titular del juzgado de instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, para aclarar, junto al asesor jurídico del partido, si la formación tuvo o no conocimiento de que Bárcenas había solicitado su reingreso a través de una carta que presuntamente recibió la jefa de personal, Milagros Puentes.
El pasado 15 de enero tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consideraron que la decisión de sobreseer la causa del "borrado" de los discos duros en los ordenadores de Bárcenas, se adoptó sin haber practicado ninguna investigación e indican que se desconoce, quien o quienes ordenaron en la sede del PP la destrucción de dicho material. Tampoco se conocen otros datos básicos como si el partido dispone de un protocolo formal sobre el uso de herramientas informáticas o sobre la confidencialidad de la información almacenada.
"Era público y notorio que Bárcenas estaba siendo sometido a investigación penal por graves delitos", señalaba el auto de la Audiencia que apunta que antes de decidir sobre la causa se debe interrogar al que fuera tesorero y consultar los datos que aportó a la Audiencia Nacional en una memoria USB y varias carpetas. Así, pide "examinar dicha documentación, contrastarla, y oír a Bárcenas sobre este extremo".
El juzgado 32 asumió la investigación cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional consideró que el caso no era de su competencia tras advertir que "la manipulación" de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.
Su titular decidió archivar provisionalmente la investigación hace casi dos años al no apreciar la comisión de delito de daños, debido a que los ordenadores eran propiedad del PP aunque los usara el extesorero. Precisaba que tampoco se podía hablar, por el momento, de delito de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito.
El archivo se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados o testigos. El PP alegó que los discos duros habían sido destruidos para garantizar la confidencialidad de los datos que almacenaban debido a su "alto nivel de criticidad".
IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes presentaron la primera querella sobre este asunto en los Juzgados madrileños el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío de la causa en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.
La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en el Estado español contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacía posible.
